EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

No es un rejuego de palabras, ni siquiera hay que ir al diccionario; la repaso tiene que ser política para precisar la regulación y la deportación.

En este momento lo único que se puede aplicar  es la deportación de indocumentados. Para la finanzas franquista es prácticamente inasequible hacer frente a ese río desbordado de los ilegales.

Los haitianos son la gran mayoría, pero hay indocumentados de otros países que incluso tienen que ser detenidos y deportados.

Si se inicia un proceso de regulación se estará dando la oportunidad a todos los indocumentados de quedarse en el país. La regulación los legalizaría, le daría un nombre legítimo y los sacaría del temor a ser deportados. Esa no es la decisión.

La regulación la quieren los empresarios, sobre todo los ligados a la agroindustria y a la construcción. Es su cobija  para evitar deportaciones que les ahuyente una mano de obra casi regalada y sin ninguna conquista profesional.

Hay que dominicanizar los trabajos del campo  y al sector de la construcción,  pero ello tiene sabor a aumento de nóminas, poner seguridad social y dar un trato respetuoso a los obreros.

Pero sobre todo, se estaría dando oportunidad a los dominicanos que quieran trabajar en estos renglones de encontrar facilidades de poder entregar su fuerza de trabajo con la anciano dignidad.

El dominicano trabaja como el que más. Se dedica con responsabilidad a sus obligaciones. Puede ser de primera utilidad en la construcción y la agroindustria. Pero se le debe respaldar adecuadamente.

Ahí está el problema. Paulatinamente la mano de obra haitiana fue sacando a los dominicanos, al tiempo que el oficio se degradaba. Inclusive hay empresarios que prefieren dejar a un costado la tecnología y seguir con los braceros,  paro no tener que hacer mayores gastos.

Un teórico pro-haitiano puede sencillamente  considerar que es un rejuego de palabras la regulación y la deportación:   no es así. Meollo la corriente de las nuevas relaciones laborales que se deben instaurar en el país.

El código profesional y el tarea de Trabajo están claro de que en cualquier empresa el 80 por ciento debe ser integrada por asalariados dominicanos y el 20 por ciento  de extranjeros. O sea, siempre se debe encontrar una mayoría de dominicanos.

La reglamento no solo es violada por los empresarios  dominicanos, sino que incluso pasa  en los restaurantes chinos, y otros establecimientos donde se trabaja como le da la anhelo al dueño. Actuando en violación de la leyes.

Jpm-am