EL AUTOR es político. Reside en Santo Domingo.

POR ALEJANDRO SANTOS

En la entrega aludido nos referimos a varios artículos del Código Penal Dominicano vinculados con las actividades económicas y su relación con los organismos recaudadores del Estado.

Reiteramos que resulta necesario despejar cualquier posibilidad de que dichos artículos puedan ser usados de guisa discrecional o discriminatoria por las autoridades fiscales.

El poder de criminalizar ciertas prácticas comerciales implica el aventura de convertir la ley en un utensilio de persecución personal o política.

De igual forma, encontramos disposiciones relacionadas con la autónomo expresión y difusión del pensamiento, las cuales nos enfrentan a nuevas concepciones sobre la relación entre un funcionario notorio, los medios de comunicación y la ciudadanía.

El nuevo Código Penal comparte varios artículos con la Ley 6132 de 1962, relativa a la expresión y difusión del pensamiento. En este caso, será necesario observar qué sucederá finalmente con la aplicación de ambas normas.

En particular, el artículo 310 introduce el concepto de “ultraje” contra el funcionario notorio, al tipificar como delito el proferir palabras, gestos o remitir escritos/imágenes “de modo no notorio” que resulten contrarios a la dignidad personal o al cargo de un funcionario o servidor notorio.

Desde la perspectiva ciudadana, esto parece erigir un tapia de protección para quienes desempeñan funciones públicas, cuando en efectividad deberían estar bajo la vigilancia y el cuestionamiento de la opinión pública, a fin de asegurar un examen tolerante, transparente y respetuoso de los títulos colectivos.

Se pretende cohibir la crítica y sancionar con calabozo expresiones privadas, como mensajes entre particulares que se refieran a funcionarios públicos. De igual guisa, se limita la posibilidad de remitir imágenes, realizar sátiras o cualquier manifestación que pueda considerarse ataque a la “dignidad” del funcionario.

Así, se establece una diferenciación entre dos categorías de ciudadanos: una categoría superior, blindada frente a cualquier señalamiento, y el resto de ciudadanos comunes, carentes de esa protección.

Desproporción

La desproporción además se observa en las penas por difamación e injuria. Si la víctima es un ciudadano popular, la condena puede ser de un año de calabozo por difamación y seis meses por injuria; sin incautación, si el ofendido es un funcionario notorio, la beneplácito puede aumentar hasta tres abriles.

Otro aspecto preocupante es la penalización por la captura de fotos, audios y videos en los que aparezcan personas sin su consentimiento previo. Esta medida puede arrostrar a cualquier ciudadano dominicano a la calabozo, y el perjuicio se intensifica aún más si involucra a un funcionario notorio.

De este modo, todos quedamos expuestos a ser perseguidos y sancionados, otorgándole al poder notorio una capacidad extraordinaria para efectuar contra cualquier ciudadano.

Trillado con cierto miedo, pareciera que los dominicanos somos culpables por aventajado de infringir contra la privacidad de las personas, incluso por hechos tan simples como tomar una foto en un evento notorio o compartir un mensaje privado con un amigo o frecuente.

Como cualquier otro ciudadano, levantamos nuestra voz de alerta para que estos artículos sean revisados y modificados, a fin de que se armonicen con los derechos democráticos, la decisión de expresión y la ecuanimidad.

Jpm-am