La Comisión Doméstico de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) enfrenta un malogrado justo que frena en parte su operatividad. Aunque la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe las malas prácticas, no establece consecuencias propias y obliga a acogerse a la honestidad penallo que complica la aplicación de sanciones inmediatas en el mercado dominicano.

Una propuesta de reforma al ámbito justo de competencia en el país tiene un objetivo doble: clarificar los castigos y arreciar la lucha contra conductas anticompetitivas. Así lo detalló la presidente de ProCompetencia, María Elena Vásquezdurante el Altercado Industrialorganizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRE).

“En temas de competencia deslealtenemos actores en el mercado que, tan pronto las instituciones inician un proceso sancionatorio, desaparecen el transporte societario para que la conducta quede sin legitimación”, enfatizó la funcionaria.

Al respecto, Vásquez explicó que la propuesta de modificación a la Ley 42-08 investigación sancionar a las personas físicas que incurran en prácticas anticompetitivas, independientemente del transporte societario que utilicen.

Igualmente, la funcionaria destacó la importancia de un observatorio de condiciones de competencia, una útil de transparencia ya utilizada internacionalmente. Según precisó, este observatorio permite monitorear el comportamiento de los mercados sin señalar marcas específicas, facilitando que la ciudadanía conozca cómo opera la competencia en el país.