Santo Domingo. El plan de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Doméstico 590-16 incluye una nueva disposición que establece la prohibición de asignar agentes policiales a labores de vigilancia y seguridad interna en ministerios, entidades autónomas, descentralizadas, empresas públicas y otras dependencias del Estado.

La iniciativa, contenida en el articulo 47 del plan depositado el pasado lunes en el Senado de la República, rebusca respaldar que la Policía Doméstico concentre sus funciones exclusivamente en la seguridad pública y ciudadanaevitando el uso de personal policial para tareas administrativas o de resguardo interno de instituciones públicas.

De aprobarse esta reforma, cada organismo estatal estaría obligado a respaldar su propia seguridad perimetral e interna mediante servicios privados contratados según la ley o mediante su propio personal designado para esas funciones.

Excepciones

El artículo contempla excepciones limitadas, permitiendo la presencia policial nada más cuando se trate de proteger a funcionarios o exfuncionarios con evacuación especiales de seguridado para proteger caudal jurídicos esenciales vinculados directamente con la seguridad pública.

Para ello, deberán cumplirse cuatro condiciones: Declaratoria formal y motivada de peligro, autorización expresa del Profesión de Interior y Policía, términos y duración del servicio definidos por escrito, evaluación periódica y retiro inmediato cuando desaparezcan las causas.

El Profesión de Interior y Policía deberá proseguir un registro actualizado y auditable de todas las excepciones autorizadas.

El texto asimismo advierte que cualquier autoridad que ordene o mantenga personal policial desempeñando funciones ajenas a la seguridad pública en violación de esta disposición, enfrentará acciones disciplinariasencima de posibles investigaciones administrativas, civiles y penales.

Esta disposición forma parte del paquete de modificaciones impulsado para modernizar la Policía Doméstico y redefinir sus competencias, en el entorno del proceso de reforma institucional y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.