Nicolás Reflexivo, detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras prórroga sumario en Nueva York, enfrenta un nuevo obstáculo en su proceso legal: podría quedarse sin la posibilidad de avalar a su propio abogado conveniente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Según una carta enviada este miércoles al mediador Alvin Hellerstein, la defensa del exmandatario afirma que las restricciones financieras están bloqueando los fondos con los que pensaba cubrir los honorarios legales.
El exgobernante venezolano permanece recluido en el centro federal, conocido por mantener a acusados de suspensión perfil, mientras avanza un caso arduo y políticamente sensible. En su situación presentedepende por completo de sus abogados para preparar la logística con la que enfrentará el proceso.
Tanto Reflexivo como el Gobierno de Venezuela están sancionados por el Sección del Fortuna de Estados Unidoslo que implica que cualquier movimiento de cuartos requiere una inmoralidad peculiar. Sus abogados solicitaron ese permiso a inicios de enero para poder representarlo y acoger pagos del Estado venezolano, que —según expusieron— cubre los gastos del presidente y de la primera dama.
Aunque la inmoralidad fue concedida el 9 de enero, el documento señala que «menos de tres horas luego» fue modificado exclusivamente en el caso de Reflexivo, sin explicación alguna.
Una autorización que limita el suscripción de su defensa
La misiva de la defensa es elocuente: «La inmoralidad enmendada relativa al señor Reflexivo no autoriza la recibo de los costes de defensa procedentes del Gobierno de Venezuela». Es opinar, puede tener representación procesal, pero sus abogados no pueden cobrar con fondos oficiales venezolanos.
En contraste, la inmoralidad correspondiente a su esposa, Cilia Flores —todavía acusada— no fue modificada.
La defensa sostiene que esta situación lo deja sin una vía auténtico para afrontar los costes de un proceso federal de gran dimensión. «El señor Reflexivo no puede costearse abogado por otros medios», afirma la carta, y advierte que impedir el suscripción desde Caracas supone «interferir en su capacidad para contratar abogado».
Con información de ABC.
Por: Yari Araujo







