El Servicio Sabido aseguró este lunes que, a semanas de concluir el motivo, la defensa del decano militar Desaliñado Benoni Cáceres Silvestre está buscando que su expediente sea desglosado del motivo principal contra los procesados que integraban el entramado de corrupción administrativa que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.

La audiencia de este lunes, en la que se esperaba culminar la incorporación de pruebas por parte de la defensa técnica de los imputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Respetable Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, fue aplazada nuevamente conveniente a una supuesta condición médica de Cáceres Silvestre, que derivó en una deshonestidad médica de 45 días.

El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Servicio Sabido solicitó la conformación de una agrupación médica a través del Instituto Doméstico de Ciencias Forenses (Inacif) para probar la fiabilidad del tiempo que establece la deshonestidad presentada, pues la misma no se hizo compartir de un historial clínico ni explica qué procedimiento produjo un reposo tan prolongado.

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Frente a esta situación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el próximo 3 de noviembre, solicitando que la defensa aporte la documentación médica correspondiente al Servicio Sabido.

Desde el pasado 29 de agosto, el Servicio Sabido concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la incriminación contra los generales Desaliñado Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados en el entramado de corrupción que defraudó al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones.

Entre las pruebas presentadas se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de riqueza, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y peculio en efectivo.

Encima, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de suspensión cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en requisa. Los haberes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, asimismo reclamados a honra del Estado.

El Servicio Sabido acusa a Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de liderar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluyendo capital de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

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