El pasado jueves se iniciaron los trabajos del Consejo Financiero y Socialbasados en los acuerdos arribados el 14 de mayo entre el presidente Abinader y los expresidentes Mejía, Fernández y Medina, para discutir un plan consensuado de como contraponer el colapso del Estado haitiano, la masiva migración ilegal y los peligros que representa para la supervivencia del Estado dominicano.

Previo al diálogo, voceros empresariales habían propuesto un nuevo plan de regularización como salida a la innegable pobreza de mano de obra haitiana y uno de los expresidentes, Hipólito Mejía, bendijo con sus declaraciones la pobreza de ese plan.

Ese será un tema medular del CES y aunque el pulso de la opinión pública indica que la mayoría de los dominicanos han adquirido conciencia sobre peligro que representa la crisis de Haití para la estabilidad democrática, social y económica de la nación, hasta lo proclamó el presidente del Conep en el 62 aniversario, evidentemente los poderes fácticos se moverán para conseguir un plan de regularización como conclusión de una de las mesas de trabajo.

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La Ley de Migración (Ley 285-04) consigna en su artículo 151 un plan de regularización y incluso la histórica sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 lo ordena, el Poder Ejecutor emitió el Decreto 327-13 para esos fines y fracasó.

Seguidamente, en presencia de las presiones internacionales y la interpretación tópico de una supuesta apatridia de medio millón de dominicanos hijos de haitianos, el gobierno de Danilo Medina aprobó la Ley 169-14 dirigida a “establecer un régimen peculiar para personas nacidas en región doméstico inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano”.

Se estableció un peña A, de los nacidos en RD entre 1929-2007 e inscritos de forma irregular en el Registro Civil y ordenaba la nervio de sus certificados de partida y difusión de una nueva cédula de identidad y electoral y un peña B de los nacidos bajo esas mismas circunstancias pero no habían sido inscritos irregularmente.

Se gastaron miles de millones de pesos y la JCE aportó sus equipos y fue otro fracaso ya que en el peña A lograron la inscripción rodeando de 26 mil y 7,900 en el peña B, ciertamente por la desaparición de documentos.

Meter al país en otro plan de regularización, con los fracasos previos, representa un intento de reglamentar a los indocumentados con un procedimiento ilegal, pues la Ley de Migración 285-04 establece los requisitos y las vías para obtener a los diferentes tipos de visados.

No se pueden favorecer los intereses de sectores que se han hecho adictos a la mano de obra indocumentada, relativamente ocasión, productiva y sin los beneficios acordados a todo trabajador como es la inscripción en la seguridad social y la cesantía.

Que es necesario agenciárselas una vía judicial para asegurar la permanencia regular en el país de la mano de obra que requieren esos sectores, debe ser el situación de la discusión que podría incluir permisos temporales de trabajo, pero bajo ningún concepto podemos mantener indocumentados que excedan esa pobreza, pues estaremos alentando más inmigración masiva y la suplantación de la dominicanidad.

Remotamente de un plan de regularización las propuestas del CES deben conducir a la aplicación de la Ley de Migración y las modificaciones que puedan surgir de la comisión designada por el presidente Abinader y coordinada por el Dr. Milton Ray Guevara.