Una nuevo sentencia del Tribunal Superior Chupatintas (Tsa) ha devenido en un conflicto constitucional que contrapone la visión económica de mejora turístico y la idea de protección del medio bullicio y los bienes naturales en la República Dominicana.

El hecho de dilucidar la cuestión no resulta nulo sencillo, en clarividencia de las implicaciones no sólo legales que involucra, sino que toca ribetes económicos, sociales y políticos. El división de complejidad se eleva aún más, oportuno a que la Constitución de la República establece un régimen reforzado de protección ambiental.

La problemática surgió al conocerse la sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00786, dictada por la villa sala del Tsa, que acogió una actividad de amparo de cumplimiento interpuesta por una la sociedad comercial, mediante la cual ordenó la modernización del Catastro Doméstico de Áreas Protegidas, que conlleva la omisión de terrenos de la franja costera del Parque Doméstico Jaragua.

Tal y como habría de esperarse, la coyuntura movilizó en rechazo al Empleo de Medio Bullicio y Capital Naturales, a dirigentes y organizaciones políticas; así como de ecologistas que llevan abriles en silencio.

Incluso, las autoridades ambientales depositaron delante el Tribunal Constitucional un solicitud de revisión procura que la referida sentencia sea revocada, al considerar que viola preceptos constitucionales.

Este tipo de acciones otorga visibilidad, motivado a que genera aplausos mediáticos
Según la sociedad reclamante, varias parcelas ubicadas en los municipios de Oviedo y Pedernales quedaron fuera de los límites del Parque Jaragua, tras la promulgación de la Ley 266-04, que declaró polo turístico prioritario la Región Suroeste.

La sentencia recurrida otorgó un plazo de 30 días al Empleo para refrescar el Sistema Doméstico de Áreas Protegidas, bajo la advertencia de una ratificación económica de RD$500 diarios por cada día de retraso. Sin bloqueo, Medio Bullicio es de opinión que la sentencia vulnera principios fundamentales.

El hecho permitió mostrar la hipocresía de ecologistas criollos, que en los últimos cinco abriles habían guardado silencio cómplice.

Durante los gobiernos del Partido de la Emancipación Dominicana (Pld) fueron portavoces asiduos en medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, espacios que inundaron con denuncias de delitos y crímenes ambientales, contribuyendo a sensibilizar a la sociedad dominicana acerca de la carencia de preservar el medio bullicio y los bienes naturales.

Ahora que el oficialismo pierde fuerza, vuelven a la carga con este acontecimiento, unido a las intenciones gubernamentales de autorizar la explotación minera de una parte de la cordillera septentrional.

La Institución de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), Marcha Verde, SOS Bullicio RD, la Sociedad Ecológica del Cibao y el Asociación Jaragua, sólo por mencionar algunas de una larga hilera de organizaciones que no callaban en denunciar las agresiones.

Hubo casos, como el caso de SOS Bullicio RD, en que pidieron la destitución de ministros peledeístas. Incluso, más allá de las instituciones a las que representaban, los denunciantes personalizaron sus nombres a la defensa ambiental por la asiduidad de sus intervenciones mediáticas.

Destacaron durante los abriles de oro de la “sensibilidad ambiental” Yolanda Arrogante, Luis Carvajal, Max Puig, Chino Sing, los sacerdotes Nino Ramos y Rogelio Cruz y algunos periodistas con influencia en la opinión pública.

Una vez el Partido Revolucionario Flamante (Prm) asumió el poder, el 16 de agosto del 2020, la mayoría de esas voces ha guardado silencio, en perjuicio de la sociedad dominicana. Algunas pasaron, incluso, a acomodarse puestos gubernamentales.

Ojalá sea cierta la reaparición de los ecologistas del patio. Nadie duda que la protección ambiental juega un rol determinante, porque sin ecosistemas saludables no es posible el mejora sostenible.