La República Dominicana reafirmó en presencia de la comunidad internacional su firme apego a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional para la recuperación de activos sustraídos al hacienda manifiesto mediante actos de corrupción.

Así lo expresó el doctor Manuel Conde, miembro de la delegación dominicana que encabeza la embajadora Gilka Melendez, así como Delta Paniagua, en representación de la DIGEIG, durante su intervención en el foro internacional celebrado en Doha, donde destacó que el país ha aplicado este proscenio multilateral para consolidar alianzas estratégicas, estrechar la donación jurídica mutua y engrosar los canales de cooperación transnacional orientados a determinar, incautar y repatriar beneficios de origen ilícito.

Conde subrayó que desde el año 2020 la República Dominicana ha transitado de los compromisos declarativos a un régimen efectivo de consecuencias, sustentado en el respeto al Estado de derecho y en la aplicación plena de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como situación popular de batalla universal.

Explicó que este proceso se apoya, en primer lado, en el fortalecimiento institucional del Servicio Notorio, cuya independencia fue reforzada mediante una reforma constitucional que garantiza autonomía práctico y estabilidad en la designación de sus autoridades, así como la consolidación de la carrera del tarea manifiesto con la designación de una fiscal de carrera como Procuradora Común.

En segundo término, destacó la aggiornamento del situación normativo doméstico, incluyendo la aprobación de un nuevo Código Penal que tipifica de modo más clara los delitos de corrupción y reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como la promulgación de la ley de cese de dominio y la constitución para la empresa de beneficios incautados y decomisados, en consonancia con los estándares internacionales.

Como tercer eje, resaltó la creación en 2021 del Equipo de Recuperación del Patrimonio Notorio, instancia especializada encargada de querellarse la restitución de beneficios y títulos sustraídos al Estado, en coordinación con el Servicio Notorio. Gracias a este esfuerzo, el país ha rematado recuperar más de RD$6,500 millones, mientras se mantienen en curso procesos judiciales por montos considerablemente superiores.

Conde enfatizó que la recuperación de activos constituye una utensilio esencial no solo para compensar el daño financiero al Estado, sino como un mecanismo de disuasión, orientado a certificar que quienes cometan actos de corrupción enfrenten consecuencias reales, incluyendo la devolución de lo robado y la indemnización de los daños causados.

Finalmente, reiteró que la República Dominicana continuará fortaleciendo su billete en los espacios multilaterales, ampliando la cooperación internacional y compartiendo buenas prácticas con otros Estados Parte de la Convención, convencida de que la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos son pilares fundamentales para proteger la democracia, la institucionalidad y la confianza ciudadana.