En el entorno de la III Cumbre Ministerial de Gobernanza para América Latina y el Caribe OCDE–BID, realizada durante la 9.ª Reunión Anual de la Red de Integridad Pública, la directora común de Ética e Integridad Ministerial (Digeig), doctora Milagros Ortiz Bosch, presentó los logros y avances de la República Dominicana en materia de transparencia, integridad pública y fortalecimiento institucional, resaltando el compromiso del país con las reformas necesarias para consolidar la buena gobernanza.

Durante su intervención, Ortiz Bosch explicó que las primeras dos décadas del siglo XXI estuvieron marcadas por un proceso acelerado de creación de leyes, decretos y resoluciones orientados a cumplir con los estándares de las Convenciones de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas y de la Estructura de los Estados Americanos.

Señaló que, a quienes asumieron responsabilidades públicas en 2020, les correspondió trocar ese entorno constitucional en praxis efectiva, enfrentando el retroceso reflejado en evaluaciones internacionales que estimaban pérdidas anuales de aproximadamente 150,000 millones de pesos dominicanos oportuno a la corrupción o la ineficiencia presupuestaria.

Recordó que, en 2019, Transparencia Internacional posicionaba al país en el puesto 136 de 180 naciones evaluadas y el Foro Crematístico Mundial lo ubicaba entre los países con mayores niveles de corrupción en América Latina, por lo cual la República Dominicana estaba en un plano de desconfianza institucional que debía ser revertido. En presencia de este tablas, afirmó, el Gobierno optó por el cumplimiento fiel de la Constitución y las leyes para restablecer la confianza ciudadana.

Entre los avances expuestos, la directora de la DIGEIG destacó el brinco del cumplimiento de la Ley de Excarcelado Entrada a la Información Pública, que pasó de un 40 % a un 95.3 %. Explicó igualmente que una de las transformaciones más relevantes fue la desarrollo de las Comisiones de Ética Pública a Comisiones de Integridad Ministerial y Cumplimiento Normativo (CIGCN).

Ortiz Bosch señaló que la República Dominicana ha fortalecido la investigación de denuncias ciudadanas y las medidas de protección a denunciantes mediante la implementación de buzones y canales seguros de denuncia, con la subsidio técnica de organismos internacionales como Usaid, C.L.D.P. y el BID.

Añadió que el país actualizó sus compromisos con las convenciones internacionales anticorrupción, adoptó su primera política franquista de datos abiertos y cumplió con los compromisos de la Alianza para el Gobierno Destapado gracias a un proceso de consulta directa con la ciudadanía.

En cuanto a los resultados generales del fortalecimiento institucional, la directora expuso que la República Dominicana ha evidenciado mejoras significativas en inversión extranjera, exportaciones, reservas monetarias, empleo, turismo, clima demócrata, paz social y seguridad alimentaria.

Ortiz Bosch presentó adicionalmente los avances alcanzados en la medición de los Indicadores de Integridad Pública (PIIs) de la OCDE, proceso liderado por la Digeig desde 2023. Explicó que el país ha completado la evaluación de indicadores transversales, ha trabajado con el Poder Sumarial y la Procuraduría Militar de la República para evaluar el sector de conciencia y se encuentra actualmente en la etapa correspondiente al control interno y la dirección de riesgos, próximo con la Contraloría Militar de la República. Indicó que estas evaluaciones han permitido construir capacidades institucionales y puntualizar rutas de acto específicas alineadas con las exigencias de la OCDE.

Respecto a la Organización Doméstico de Integridad Pública, señaló que su construcción avanza conforme al Decreto No. 408-25 y bajo el compañía técnico de la OCDE. El proceso incluye un diagnosis franquista ya concluido, talleres estratégicos con dieciséis instituciones públicas y la conformación de una Comisión Interinstitucional de Seguimiento, bajo la supervisión del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Esta táctica, afirmó, constituye la saco técnica para reformas estructurales en materia de ética, control, transparencia, datos abiertos, billete ciudadana y coordinación política de detención nivel.

En su conclusión, Ortiz Bosch reafirmó que el compromiso de la República Dominicana con la OCDE es técnico, político e institucional, destacando que el país está ejecutando tres etapas de los Indicadores de Integridad Pública, construyendo una táctica franquista de integridad, fortaleciendo la Digeig y avanzando en reformas exigidas por los estándares internacionales. Aseguró que, aunque los avances son significativos, “mínimo será suficiente hasta alcanzar plenamente la buena gobernanza”, y reiteró que el país continuará adoptando los cambios necesarios para consolidar un Estado novedoso, íntegro y orientado al bienestar de todos los ciudadanos.