ztevenreal
Y crónica regional revela diferencias entre los países latinoamericanos a la hora de desplegar una empresauna influencia que puede tomar muchas horas oportuno a diversos trámites.
El Índice de burocracia 2025una métrica que exhibe el tiempo —medido en horas— que los trámites burocráticos exigen a las empresas para su transigencia y funcionamiento formal, identifica a República Dominicana, BrasilColombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Uruguay como los países de la región donde el proceso resulta más efectivo.
El estudio fue desarrollado por el Centro Adam Smith por la Sinceridad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
Según el crónica, estos países se ubican en el categoría con “mejores resultados” en el Índice de Burocracia de Comprensión, que evalúa el tiempo total requerido para completar trámites administrativos esenciales.
“El Índice de Burocracia de Comprensión arroja un promedio de 1.850 horas requeridas para desplegar una empresa mediana y dejarla en condiciones de negociar formalmente“, detalla el crónica.
La investigación agrega que este valía “equivale a 231 jornadas laborales de ocho horas, lo que representa aproximadamente ocho meses laborales dedicados exclusivamente a cumplir con los trámites administrativos requerido.”
En ese sentido, el crónica señala que en países como Brasil este proceso puede suponer “un reducido de 35 jornadas laborales“, mientras que en naciones como Pimiento representa “en torno a de dos abriles”.
El costo crematístico
El índice no solo analizó el costo de los trámites burocráticos en horas, sino que igualmente abordó otros aspectos para dimensionar el costo de oportunidad que representa “la burocracia excesiva“.
Al analizar el costo financiero directo, el estudio detalla que el pago estimado para el plazo del apelación gremial dedicado a cumplir trámites es de 4,000 dólares para la transigencia y 5,800 dólares para los trámites de funcionamiento de las empresas.
El crónica resalta la falta de que “las exigencias legítimas se gestionen con agilidad, mientras que los trámites innecesarios, injustificados o excesivamente intrusivos deben ser identificados y eliminados”, una influencia que “contribuirá a combatir la corrupción y fortalecerá la cohesión social y la preeminencia del Estado de derecho“.
