El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

La República Dominicana está atravesando por momentos difíciles. El avería de los servicios públicos es evidente, el costo de la vida sigue presionando a los hogares, los retrasos administrativos desesperan a ciudadanos y empresas, no hay agua, no hay luz, inseguridad por doquier, y una ciudadanía cada vez más frustrada delante los desaciertos del gobierno.

Sin retención, en medio de este ambiente, la competición política dominicana sigue actuando como si no entendiera la compostura del momento histórico que vivimos.

Parece más ocupada discutiendo continuas especulaciones sobre alianzas a destiempo, mejor posicionamiento en el electorado, acusaciones de transfuguismo y conflictos internos, que enfrentando con firmeza la efectividad que vive la concurrencia en su día a día.

En oportunidad de canalizar el descontento social y colocarse al frente de las demandas reales de la concurrencia, la competición se ha dejado tirar por una memorándum secundaria, impuesta y promovida por periodistas y promotores mediáticos comprometidos con el oficialismo.

Fragmentar, confundir y ocasionar discordias adentro de la competición siempre ha sido la organización central del oficialismo. El objetivo es claro: evitar que el debate político se concentre en la mala encargo, el colapso de los servicios y la error de rumbo del país.

Pero lo verdaderamente preocupante es que esa organización está funcionando. No, quizás, por la astucia del poder, sino por la irresponsabilidad de una buena parte de la competición que le está haciendo el diversión, reaccionando a provocaciones, resonando rumores, discutiendo alianzas prematuras, cayendo una y otra vez en disputas estériles inducidas por el oficialismo.

En ese ambiente, los problemas reales del país pasan a un segundo plano y la indignación social se diluye en el pesimismo y la desesperanza.

El oficialismo no necesita hacer una buena encargo cuando logra que sus adversarios se enfrenten entre sí. Le baste con estimular el ruido, promover sospechas y convertir el debate político en un espectáculo de descalificaciones personales entre opositores.

Cuando la competición asegura a ese argumento, deja de ser contrapeso y se convierte en aparejo involuntaria del oficialismo. Una competición fragmentada y desorientada prolonga la vida de un gobierno exhausto e ineficiente.

Un país en ruinas no necesita una competición cómoda ni barragana en el ruido. Necesita una competición firme, enfocada y consciente de que su principal enemigo no está en la borde de enfrente, sino en el desastre que vive la Nación.

La ciudadanía no está preocupada por negociaciones políticas apresuradas, está preocupada por un Estado que no funciona, por trámites interminables, por salarios que no alcanzan y por servicios públicos que han retrocedido de guisa preocupante.

La competición debe colocarse del banda del pueblo, identificarse sin titubeos con sus reclamos y encargarse como propios los problemas que hoy golpean a la mayoría de los dominicanos.

No se alcahuetería de cálculos electorales ni de posicionamientos partidarios o personales, sino de una responsabilidad histórica frente a un país que sufre.

La tarea inmediata es activar a todos los sectores de la sociedad —empresarios, trabajadores, profesionales, productores, universidades, estudiantes, iglesias, organizaciones comunitarias y sociales— para constituir un solo frente franquista de presión y conciencia.

Un frente que obligue a este gobierno a descuidar la improvisación, a cambiar su organización fallida y a reorientar el rumbo del Estado en auspicio de los más desposeídos, de quienes hoy cargan con el peso del avería institucional y el desamparo oficial.

La competición que no asuma ese rol, que no se manguita con el pueblo ni canalice su malestar, estará condenada a la irrelevancia política y a la complicidad por omisión.

En momentos de crisis, no baste con teorizar o pelar, hace error proceder, concientizar, organizar, movilizar y confrontar con propósito. Todo lo demás es ruido pragmático a un gobierno que ha demostrado no tener respuestas para los que más lo necesitan.

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