La República Dominicana reiteró en presencia de la comunidad internacional su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y su interés en robustecer los mecanismos de cooperación para la recuperación de activos sustraídos al Estado. La delegación dominicana, encabezada por la embajadora Gilka Meléndez e integrada por el doctor Manuel Conde y Delta Paniagua, sostuvo que la restitución de posesiones ilícitos es secreto tanto para reparar daños económicos como para disuadir futuras prácticas corruptas.

Durante su intervención en el foro celebrado en Doha, Qatar, Manuel Conde —coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Sabido (ERPP)— destacó que el país ha pasado, desde 2020, de compromisos declarativos a un régimen de consecuencias sustentado en el Estado de derecho. Señaló que esto ha sido posible gracias al fortalecimiento institucional del Tarea Sabido, cuya independencia fue reforzada mediante una reforma constitucional, así como por la consolidación de la carrera del Tarea Sabido con la designación de una procuradora de carrera.

Conde incluso resaltó la puesta al día del situación justo dominicano, incluyendo el nuevo Código Penal que precisa delitos de corrupción y reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la aprobación de la ley de acabamiento de dominio; y la norma sobre agencia de posesiones incautados y decomisados. Asimismo, recordó que desde 2021 está en funcionamiento el Equipo de Recuperación del Patrimonio Sabido, especializado en ubicar y reñir la restitución de posesiones, logrando recuperar más de RD$6,500 millones, con procesos pendientes por montos superiores.

El funcionario advirtió que la corrupción continúa adaptándose y buscando nuevas formas de capturar al Estado, por lo que insistió en que la recuperación de activos es un desincentivo central en esta lucha. La delegación dominicana reafirmó que el país seguirá ampliando la cooperación internacional y compartiendo buenas prácticas en el situación de la UNCAC, convencido de que combatir la corrupción es esencial para vigorizar la democracia, la institucionalidad y la confianza ciudadana.