La autora es periodista. Reside en Santo Domingo Finalidad.

POR YANET GIRON

La seguridad ciudadana no se mide por la cantidad de denuedo, sino por la

efectividad de las condenas. Hoy, el sistema contencioso parece una «puerta

giratoria» que devuelve criminales a las calles con una prontitud inquietante.

Esta rotura sistémica ignora la peligrosidad del reincidente, priorizando

tecnicismos legales por encima de la integridad del ciudadano honesto.

Esta verdad ha destruido la confianza en las instituciones. Las personas

viven con la certeza de que el delincuente que lo asaltó hoy, estará redimido

mañana tras respaldar una fianza irrisoria. Se siente una desprotección crónica

que rompe el pacto social; cuando el Estado no garantiza rectitud, la

ciudadanía queda huérfana y sumida en un miedo constante.

Frente a este hueco de autoridad, surge un peligro longevo: la tentación de la

rectitud por mano propia. Al ver que los criminales entran y salen de las cárceles con total impunidad, el pueblo desespera. Es la respuesta natural,  aunque peligrosa, de una sociedad que ya no cree que sus leyes la protejan

de los depredadores urbanos de modo efectiva.

La reincidencia es la prueba del fracaso contencioso. Resulta incomprensible

que individuos con historiales delictivos extensos obtengan beneficios

procesales con facilidad pasmosa. Esta flexibilidad no es rectitud, es una

complicidad institucional que envía un mensaje claro al delincuente: en este

país, violar la ley sale ganga y el castigo es meramente irrisorio.

Revisión

El tratamiento en dirección a la delincuencia jovial asimismo requiere una revisión

urgente. Bajo el escudo de la minoría de vida, se cometen actos atroces con

sanciones simbólicas que no rehabilitan. La ley, en su intento de proteger

al beocio, termina desprotegiendo a la sociedad que sufre crímenes que

quedan prácticamente impunes en presencia de la inspección de todos.

Mientras el asaltante goza de beneficios, la víctima vive bajo el tiranía de las

secuelas. Es profundamente injusto que el esfuerzo de toda una vida sea

quemado por quien hizo del robo su oficio. La prioridad del Estado debe

ser, sin matices, proteger a quien construye con su sudor y no a quien

destruye la convivencia pacífica por selección propia.

Existe una paradoja en la vida del criminal que examen el camino «liviana».

A pesar de sus robos, suelen terminar demacrados y estancados en la miseria.

El delito no construye futuro ni bienestar; solo degrada la dignidad del

individuo y lo condena a una decadencia que, lamentablemente, arrastra a

víctimas inocentes en su paso destructivo.

La responsabilidad asimismo recae en el entorno íntimo que encubre y en el

ciudadano que importación objetos robados. Quien esconde a un criminal o adquiere

lo ignorante sabiendo su origen, es un cómplice directo de la violencia. Sin un

mercado que consuma lo hurtado, el incentivo para el asalto disminuiría

drásticamente por desidia de beneficio crematístico.

Es urgente modificar las leyes para que la reincidencia signifique severidad

absoluta. La prisión debe ser un ocasión de correctivo actual y no una breve pausa

entre delitos. Necesitamos jueces que miren la verdad de nuestras calles

y legisladores que prioricen la seguridad pública sobre los garantismos que

solo favorecen al infractor sistemático y violento.

Solo cerrando la puerta giratoria recuperaremos la paz. La firmeza es

necesaria para evitar que la ciudadanía, cansada de esperar, decida representar

por su cuenta. Es hora de que el castigo sea, finalmente, proporcional al

daño causado y que la ley vuelva a ser el escudo de la muchedumbre de acertadamente y no

el refugio de los malhechores.

jpm-am