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El Pregonero, Boca Chica, República Dominicana. — Un conflicto permitido que ya supera los ocho abriles ha vuelto a poner en la memorándum contencioso dominicana el caso de María Casciato, una ciudadana italiana acusada de posibles irregularidades contractuales y financieras en relación con la saldo de un inmueble ocupado actualmente por la empresa Coppi Group en Boca Chica.
En 2017, Casciato firmó con dicha empresa un anuencia de inquilinato con opción a adquisición, en el que decidía traicionar la propiedad por un precio que se amortizaría con los pagos de inquilinato durante los tres abriles siguientes a la fima. Un año a posteriori, y luego de cuantiosas inversiones realizadas en el inmueble por parte de los adquirientes, la señora Casciato decide unilateralmente rescindir el anuencia, adaptado cuando los compradores comenzaron a exigir que les emitiera las facturas mensuales de suscripción con crédito fiscal, como establecía el acuerdo, lo cual nunca cumplió.
En añadido a lo antedicho, en el anuencia la señora Casciato había claro que el inmueble estaba fugado de cargas y gravámenes, lo que luego resultó ser contrario a la verdad, pues existían dos hipotecas inscritas en el inmueble previamente, no reveladas, y que estaban vinculadas a una financiera circunscrito.
Tras un año de pagos sin soporte tributario, Coppi Group procedió a practicar retenciones fiscales, conforme a la ley dominicana, hasta tomar las facturas reglamentarias. En lado de regularizar su situación impositiva, Casciato intimó a la empresa y procuró romper el acuerdo, lo que derivó en un extenso proceso contencioso que aún hoy se mantiene en los tribunales.
Según el expediente, Coppi Group detectó posibles maniobras para eludir obligaciones tributarias, lo que llevó a sus abogados a denunciar un esquema financiero irregular.
Una financiera sin autorización permitido y que rechazó dos pagos directos de parte de los compradores para saldar las hipotecas que tenía el inmueble.
Las investigaciones del caso señalan que las hipotecas inscrita fueron manejadas por la entidad Paola Karolina, S.A., la cual no cuenta con autorización de la Superintendencia de Bancos para actuar préstamos en el país, según informó la parte querellante, quien posee una certificación del entraña regulador del sistema financiero que así lo atestigua.
En un hecho que ha generado suspicacia entre los expertos: se intentó realizar dos ofertas reales de suscripción directamente a la financiera, la primera por un monto de tres millones de pesos en 2019, y una segunda en 2021 por un monto de cuatro millones, seiscientos noventa y dos mil pesos (RD$4,692,150.00), las cuales fueron rechazadas sin excusa comercial vistoso, lo que da a entender que los préstamos basados en esas hipotecas no eran reales.
Este comportamiento, describen los abogados, pudiera configurar acciones típicamente asociadas al lavado de activos, motivo por el cual se presentó en el año 2022 una querella por estafa y lavado de activos frente a el Ocupación Divulgado, lo que a su vez llevó a la señora Casciato a querellarse además por alegada violación a la propiedad privada, querella que fue desestimada por el Ocupación Divulgado.
Sin secuestro, la señora Casciato continúa ignorando dos sentencias de 2019 y 2023 que protegen a los compradores y se niega a esperar la atrevimiento de la litis que conoce la dominio de tierras, queriendo aplicar, por su cuenta y fuera de los tribunales, su interpretación antojadiza de un anuencia de inquilinato con opción a adquisición que ha incumplido desde el inicio.
La documentación del proceso recoge que:
• La querella presentada por Casciato fue rechazada por improcedente.
• Existen dos sentencias judiciales vigentes que suspenden cualquier desalojo o actividad de desposesión mientras continúa la litis inmobiliaria.
Pese a ello, en noviembre de 2024, la financiera Paola Karolina, S.A y la señora Casciato, inscriben una tercera hipoteca sobre el inmueble por un monto de siete millones de pesos (RD$7,000,000.00), para un total de nueve millones ochocientos noventa y dos mil pesos (RD$9,892,000.00) que, alegadamente, le ha prestado la financiera a la señora Casciato con aval del inmueble.
Encima de lo antedicho, la señora Casciato ingresó recientemente al inmueble simulando ser huésped del hotel que opera en el lado, ocasionando un altercado e interrumpiendo la operación del establecimiento y agrediendo al personal, lo que ha sido documentado por la empresa como un acto de perturbación y desacato a la autoridad contencioso.
Los abogados de Coppi Group sostienen que lo ocurrido no es un simple conflicto civil, sino un tema de interés manifiesto, por los indicios de diversión fiscal, presuntas maniobras de lavado de activos a través de activos inmobiliarios, y el intento de apropiación irregular de una propiedad que ha sido mejorada e incrementado su valía por los actuales ocupantes, los cuales siempre han estado dispuestos a cumplir con sus obligaciones contractuales, a diferencia de la señora Casciato.
