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El Pregonero, Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader anunció la tarde de hoy en “LA Semanal con la Prensa”, que fue el gobierno que solicitó al Profesión Notorio a investigar una supuesta red de corrupción que operaba en el Seguro Doméstico de Vigor (SeNaSa).
Según este entramado, tenía contratos de atención primaria firmados por SENASA con empresas privadas bajo un esquema capitado.
El caso más sugerente es el de Kersum SRLpropiedad del cirujano dental Eduardo Rit Sinoque en octubre de 2020 logró un adendum que amplió un acuerdo preparatorio para dirigir 500 mil afiliados del régimen subsidiado.
Según los datos revelados, la empresa recibe 130 pesos por afiliadolo que equivale a 65 millones de pesos mensuales y se traduce en 780 millones de pesos al año, independientemente de si los afiliados reciben o no atenciones. Para analistas del sector, esto representa un negocio en gran medida rentable para prestadores privados y una pérdida significativa de medios que el Estado podría dirigir al fortalecimiento de los hospitales públicos.
En un fresco reportaje de la periodista Nuria Piera sobre las contrataciones de Seguro Doméstico de Vigor (SeNaSa) ha desatado un musculoso debate que trasciende la simple denuncia mediática, que más aceptablemente se alcahuetería de una lucha de intereses en torno a la despacho de miles de millones de pesos en el sistema de vigor pública.
Lo que más ha llamado la atención en la opinión pública no es solo el maniquí de negocio, sino además la forma en que se han presentado las denuncias. Mientras Nuria Piera cuestionó al patrón, otros reportajes, no mencionan al patrón Eduardo Rit Sino, a pensar de estar en la palestra.
La omisión no pasó desapercibida y ha despertado suspicacias: ¿fue un descuido periodístico o un intento deliberado de proteger vínculos familiares? La pregunta queda abierta, aunque lo que resulta evidente es que el caso SENASA ha dejado de ser solo un tema de contratos y cifras para convertirse en un asunto de poder, credibilidad y rivalidad mediática.
El fondo de la controversia muestra que no se alcahuetería exclusivamente de irregularidades administrativas, sino de quién controla los flujos millonarios que genera la atención primaria interiormente del régimen subsidiado. Una lucha donde convergen intereses empresariales, políticos y hasta mediáticos, con consecuencias directas en la vigor pública y en la confianza ciudadana en torno a el sistema.
