El expediente del caso Calamar, de presunta estafa al Estado, tiene “una pasión congénita” que procura agobiar a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Audiencia de la Instrucción del Distrito franquista, afirmaron los abogados Martín Mañón Lara y Braulio Casillo, representantes de los querellantes.

Involucra, entre otros, a los exministros José Ramón Peralta, Donal Militar y Gonzalo Castillo. Son imputados de desviar capital mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos en la campaña de 2020.

“Un exceso de papeles sin valía, para dislocar a la defensa con piezas dispersas que resultan difíciles de organizar para responderlas, sin ningún valía probatorio”, sostienen.

En un documentación, dijeron que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no ha cumplido con los querellantes, en la entrega de parte del capital recuperado.

Manifestaron que “la cantidad de páginas leídas y presentadas no plantean la solidez de una imputación firme.

Sostienen que la imputación fue hecha mediante instancias depositada en presencia de el Cuarto Audiencia de la Instrucción del Distrito Doméstico.

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Indican que los sucesores de Generosa Reyes, al ponerla de ejemplo, representados por Mañón Lara, plantean que el Servicio Sabido los engañó y presentan al Estado como un violador de los derechos de propiedad de las personas pobres, a quienes, cuando por algún portento obtienen el plazo, los persigue.

Indican que el viernes empieza la presentación de los abogados del Estado, “beneficiarios de un entendimiento que les otorga el 15 % de los ingresos que logre el Servicio Sabido, poco que muchos ven difícil de discurrir, sobre todo, en el acuerdo con Fernando Crisóstomo, quien solo ha devuelto un cheque por 50 millones de pesos”.

Expresan que, en presencia de ese atmósfera, pocos están conformes y menos los querellantes. Citan que merienda han retirado querellas.