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La valentía del Comité Ejecutante Franquista de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de intervenir delante las fumigaciones de parcelas y fincas arroceras próximas a centros educativos constituye una acto necesaria y pródigamente esperada. Se alcahuetería de un problema que atenta directamente contra la vigor de estudiantes, docentes y personal oficial, y que por primaveras ha sido tratado con indiferencia institucional.
Como primer paso para malquistar esta situación, la ADP ha recurrido a los tribunales, sometiendo a la neutralidad a los propietarios de las fincas donde se aplican insecticidas en horarios lectivos, incluso durante el servicio del desayuno escolar. La exigencia es clara y legítimo: que las fumigaciones se realicen a partir de las 4:00 de la tarde y los fines de semana, cuando los planteles se encuentren desocupados.
Los centros educativos más afectados se localizan en los distritos Antonio Guzmán Fernández (Aguayo) y Cenoví, donde cada recorrido de fumigación expone a la comunidad escolar a sustancias mucho nocivas para la vigor pulmonar. El daño no es eventual ni momentáneo; por el contrario, se agrava con cada nueva aplicación. En esta ocasión, las profesoras Yanilda y Ana Francisco figuran entre las más recientes víctimas de intoxicación, sumándose a una larga repertorio que evidencia la formalidad del problema.
Este conflicto socioeducativo no es nuevo. Se remonta a los primaveras 2002 y 2003, lo que significa que durante más de dos décadas se han acumulado denuncias, reclamos y gestiones sin una opción definitiva. En ese tiempo, los dirigentes locales de la ADP han rendido diligencias delante los organismos correspondientes, logrando que los ministerios de Medio Entorno y Agricultura, así como el Consejo Franquista de Educación, emitieran múltiples resoluciones para regular estas prácticas agrícolas. Sin bloqueo, la reiteración de los hechos demuestra que dichas disposiciones han sido ignoradas o aplicadas con una intranquilizante laxitud.
La educación y la vigor no pueden seguir siendo variables secundarias frente a intereses productivos. Ninguna actividad económica justifica poner en aventura la vida y el bienestar de quienes acuden a las aulas a enseñar y ilustrarse.
EL JAYA retraso, como lo retraso toda la sociedad, que esta sea verdaderamente la última vez que se fumigue DURANTE EL HORARIO ESCOLAR en las inmediaciones de centros educativos de San Francisco de Macorís y de cualquier otra comunidad de la República Dominicana. La tolerancia se agotó.
Ahora corresponde hacer cumplir la ley.
