SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Militar de la República (PGR) informó que intensificó las investigaciones sobre el supuesto escándalo de corrupción en el Seguro Franquista de Salubridad (SeNaSa), donde se habrían detectado graves irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Una fuente ligada al proceso confirmó a El Franquista que unas 40 personas vinculadas a la aseguradora estatal ya fueron interrogadas por la Dirección de Persecución del Ocupación Notorio y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“Pretendemos cerrar este proceso en el último tiempo posible, porque los actos de corrupción que afectan la vitalidad son los más graves que puede enredar un país. Todo aquel que haya tomado un solo peso del hacienda destinado a la vitalidad de los dominicanos se sentará en el banquillo de los acusados”, advirtió Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución
Referencia con hallazgos graves

Por instrucción del presidente Luis Abinader, el superintendente de Salubridad y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutante de SeNaSa, Edward Guzmán, entregaron a la PGR un noticia con evidencias de irregularidades, que motivó la investigación oficial.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso destacó que esta entusiasmo “reafirma el compromiso indeclinable del presidente Abinader con la transparencia, la institucionalidad y la lucha exterior contra la impunidad y la corrupción, sin excepciones ni privilegios”, como reiteró el mandatario en La Semanal con la Prensa.

El Gobierno llamó a la tranquilidad de los afiliados, asegurando que el proceso “no afecta la continuidad ni la calidad de los servicios de vitalidad” que ofrece SeNaSa.

Auditorías y revelaciones

Abinader aclaró que la investigación no surgió por denuncias periodísticas, sino a raíz de una solicitud que su gobierno hizo al Ocupación Notorio en noviembre de 2024.

La Cámara de Cuentas, la Procuraduría Antifraude y la Sisalril realizaron auditorías independientes. Un reportaje de la periodista Julissa Céspedes reveló que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados y facturados sin realizarse, mientras un “call center paralelo”, operado por exempleados, tramitaba las autorizaciones usando identidades reales de afiliados.

Según las pesquisas, el esquema habría desviado más de RD$41 millones mediante transferencias ilícitas. Entre los nombres señalados figuran Gustavo Güílamo (patrón de gobierno), Germán Robles (asesor procesal), Rafael Dujarric (planificación) y Gustavo Mesina (finanzas). Testigos protegidos señalan a Robles como supuesto cabecilla.

Por otra parte, SeNaSa firmó en 2020 un arreglo para llevar la batuta la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado, que implicaba pagos de 65 millones de pesos mensuales.