Altagracia Salazar
El presidente de la República convocó ayer a los medios para presentar los estudios técnicos del plan monorriel de Santo Domingo que forma parte del Sistema de Transporte integrado de la renta, pero fue cuando terminó la presentación que surgieron los temas que son comunicado hoy.

El primer tema fue la aprobación del gobierno de los Estados Unidos para el establecimiento de un cable submarino que interconecte los sistemas eléctricos de RD y Puerto Rico. Esto puede acordar en anuncio pues es una audacia de desprendido plazo en la que hay que ver lo que es financiamiento y en el que intervendrían encima de los reguladores locales, empresas de los dos lados. En el caso de Puerto Rico renta norteamericano privado porque hasta ahora no se ha hablado de inversión pública y no tiene sentido que el gobierno intervenga fuera de su paraje.
Lo otro que dijo el presidente es que el gobierno ya protestó en presencia de la embajada de Francia por el retraso de la empresa AERODOM, filial de la francesa Vinci Airport en iniciar la construcción de una nueva terminal en el aeropuerto Internacional de Las Americas. El plan por un monto de 250 millones de dólares incluye una nueva plataforma con capacidad para 13 aeronaves y 900 nuevos estacionamientos.
El mandatario dijo textualmente “me pusieron a dar un primer picazo y luego no han hecho cero” y lo comentó en tono de molestia.
La construcción de la nueva terminal forma parte de la renegociación del resolución de concesión, vivo hasta 2060, entre el Estado dominicano y Aerodom, filial del agrupación francés Vinci Airports, por un monto aproximativo de 2,155 millones de dólares. Como parte de ese acuerdo, el agrupación francés adelantó un cuota de 775 millones de dólares, destinados a la ejecución de diversas obras.
Por ahora quienes vamos al aeropuerto Las Américas lo único que hemos gastado es la ampliación de los estacionamientos de larga duración y al interior de una edificación vieja o viejísima el desgaste es evidente.
Uno desconoce los términos del resolución de renovación al que le quedan 35 primaveras pero cualquiera que sea la demanda del gobierno frente a la empresa dependerá de los términos y sobre todo de las penalidades establecidas en el resolución.
Si el gobierno está dispuesto a ir a los tribunales habrá que creer que es posible porque en el país que se firmó el resolución con COGENTRIX cualquier cosa es posible.