SANTO DOMINGO.- Bajo la aplicación de la denominada política de “borrón y cuenta nueva”y por temor a un cachete de Estadofue poco o prácticamente carencia lo que se hizo durante los ocho primaveras de Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)tras su aparición al poder en 1978, luego de los 12 primaveras de mandato del doctor Joaquín Balaguer.

En los archivos de El Franquista no figuran expedientes de importancia sometidos a la jurisprudencia por los gobiernos que, durante ese período, encabezaron Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco.

En el caso específico de Guzmán Fernándezquien se suicidó el 3 de julio de 1982, se vio compelido a aplicar la política de “borrón y cuenta nueva” para evitar ser derrocado por los militares heredados de los 12 primaveras de gobierno de Balaguer.

Aunque los dominicanos recuerdan su mandato como un período de saneamiento, institucionalidad y osadía civilla lucha contra la corrupción no fue su principal fortaleza. Durante su diligencia, militares provenientes de administraciones anteriores exhibían grandes fortunas, con lujosas viviendas en playas y zonas exclusivas de la República Dominicana.

Su progreso marcó el inicio de la sucesión democrática en el país, poniendo fin a la era de Balaguer. Lamentablemente, se suicidó en el Palacio Franquista43 días antiguamente de concluir su mandato.

Su inacción en la lucha contra la corrupción fue atribuida por analistas de la época a un acuerdo político implícito para avalar la transición democrática y evitar un cachete de Estado por parte de militares aún leales a Balaguer.

Incentivos industriales

No obstante, los archivos registran algunos intentos de Guzmán Fernández por frenar la corrupción administrativa. Aunque no se trató de un expediente formal contra el gobierno de Balaguerenfocó esfuerzos en revisar exoneraciones y privilegios otorgados a empresarios vinculados al régimen aludido.

Además intentó moralizar la filial públicaeliminando las denominadas “botellas” (empleados que cobraban sin trabajar) y auditando instituciones estatales.

Sin requisa, durante su gobierno prácticamente no hubo acciones contundentes contra la corrupciónpese a que el PRD ganó las elecciones bajo la promesa de transigir a los corruptos delante la jurisprudencia.

Ya en el poder, Guzmán priorizó la despolitización de las Fuerzas Armadas. No hubo juicios emblemáticos contra altos mandos del balaguerismo, principalmente por temor a una sublevación marcial.

Lo más impactante de ese período no fueron expedientes contra Balaguersino las acusaciones que surgieron adentro del entorno del propio Guzmán en torno a el final de su mandato. En 1982 circularon fuertes rumores y denuncias de corrupción que involucraban a personas cercanas al presidente, incluyendo familiares vinculados al radio administrativa.

¿Qué hizo Jacobo?

Tras la crimen de Guzmán Fernándezasumió la Presidencia su vicepresidente, James Majlutquien gobernó durante 43 días. En ese breve intervalo fue muy poco lo que pudo hacer en materia de corrupción administrativa.

Para enemistar lo que consideraba especulación y aliviar el malestar social, emitió decretos para descontar los precios de artículos de primera privación, como el arroz, las habichuelas y el grasa. Esta medida, de corte populista, buscaba mitigar la crisis económica que se avecinaba.

Jorge Blanco sacó cero en la lucha contra la corrupción

Concluido el mandato de Antonio Guzmán Fernándezasumió el poder (1982-1986) el doctor Salvador Jorge Blancoquien, conforme a los archivos de El Franquistaobtuvo un resultado imagen en la persecución de la corrupción administrativa.

Llegó al poder con la promesa de “moralización de la filial pública”pero terminó siendo el primer expresidente condenado por corrupción. En ese caso, el cazador resultó cazado.

Al inicio de su diligencia adoptó medidas simbólicas para proyectar transparenciacomo la reducción de su propio salario y la prohibición, mediante decreto, del uso de vehículos oficiales para fines personales los fines de semana.

Creó una comisión de ética para supervisar las compras del Estado, con la intención de formalizar los procesos de puja.

Pese a su discurso, no sometió a la jurisprudencia a funcionarios de los 12 primaveras de Balaguer. Mantuvo la política de no mirar en torno a antes para evitar inestabilidad social, lo que fue criticado por sectores de la sociedad civil como una yerro de voluntad verdadero para castigar la corrupción del pasado.