El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

POR CARLOS SALCEDO

La designación de los doctores Jorge Subero Isa y Antoliano Peralta Romero como consejero legal del Poder Ejecutor y Ministro de Razón, respectivamente, no es un único cambio oficial. En rigor, representa una prueba de estrés para el Estado constitucional, ya que siempre existe el aventura de que el Ejecutor se impaciente frente a los límites que el derecho impone, especialmente cuando surgen tensiones derivadas de las exigencias del sistema demócrata.

Uno y otro nombramientos son sumamente pertinentes y oportunos. La inscripción calidad profesional de estos elegidos refleja la preocupación presidencial por contar con individuos mucho calificados y con una sólida gusto de servicio sabido al frente de estas cruciales funciones.

Estos puestos son de la más inscripción relevancia para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutor en conformidad con el ordenamiento legal, la representación del Estado en la comarca administrativa, el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de emancipación y la correcta mandato de labores administrativas y registrales, que hasta ahora habían distraído al Ocupación Notorio de su función primordial, poco que ha sido enmendado tanto constitucional como legalmente.

Retos de Subero Isa

En el caso de Subero Isa, su principal liza no es técnico, sino ético y constitucional. Debe cultivar la información jurídica del Ejecutor como una función de contención, no como una coartada, como él mismo sabe perfectamente. El seguro jurista del poder no es quien siempre encuentra un argumento para explicar decisiones políticas, sino aquel que recuerda que la rectitud no es un utensilio de conveniencia, sino un sistema de garantías.

Quien presidió la Suprema Corte de Razón durante más de catorce abriles entiende que el derecho no se legitima por su validez inmediata, sino por su coherencia reglamento, su racionalidad interna y su sometimiento a la Constitución. En este sentido, la información jurídica presidencial debe funcionar como un espacio de advertencia razonada, donde la fuerza del mejor argumento, y no la aprieto política, oriente la entusiasmo del Estado. Regentar sin formar y fundamentar jurídicamente las decisiones, que no superen el filtro de la constitucionalidad y rectitud, no es regentar mejor; es debilitar la democracia desde en el interior.

Tener al Dr. Jorge Subero Isa como asesor legal del Poder Ejecutor es un seguro privilegio, regalado su amplia experiencia y valiosos aportes a la institucionalidad del sistema legal, así como sus competencias profesionales, jurídicas y humanas. Su presencia asegura contribuciones significativas a la juridicidad de las acciones del presidente de la República.

Desafíos de Peralta Romero

Por su parte, el desafío del Dr. Antoliano Peralta Romero es aún más delicado. No asume una institución consolidada, sino un Ocupación de Razón revivido -disuelto en 1964- cuya legalidad dependerá menos de su existencia formal que de la forma en que defina sus límites. No se proxenetismo de sustituir al Ocupación Notorio, ni de tutelarlo o interferir en su autonomía. El veterano aventura radica, en cambio, en la confusión de roles.

El Dr. Antoliano Peralta cuenta con una vasta experiencia como abogado litigante y asesor de múltiples instituciones, así como un profundo conocimiento del derecho electoral, constitucional y oficial, así como del funcionamiento del poder político. Su trayectoria como consejero legal del Poder Ejecutor durante más de cinco abriles es formidable, caracterizada por un bajo perfil pero una destacada validez, conocimiento e integridad.

Esta rica experiencia es una fortaleza, ya que contribuirá a una comprensión clara de que la neutralidad no debe ser panorámica como una extensión del Ejecutor, ni como una utensilio de corrección política. El Ocupación de Razón debe funcionar como un espacio de racionalidad institucional, no como una reacción coyuntural.

Emergen así dos puntos cruciales. Primero, la política criminal no puede construirse desde la emoción social ni desde la razonamiento del castigo inmediato. La expansión desordenada del poder punitivo, la banalización de la prisión preventiva y la confusión entre rectitud y popularidad erosionan el núcleo garantista del Estado de derecho. La neutralidad no se legitima por vítores, sino a través de procedimientos justos, decisiones razonables y un respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

En segundo superficie, el sistema penitenciario, que ahora estará bajo la mandato del Ocupación de Razón, no debe reverberar una neutralidad que desaparece cuando se piensa que los derechos humanos de los internos no existen o son un privilegio del Estado.

Desafíos comunes

Subero Isa y Peralta Romero comparten, entonces, un desafío popular: resistir el decisionismo, esa tentación de dominar el derecho a una mera técnica de energía del poder. El constitucionalismo flamante enseña que la ley no es solo un mandato, sino todavía un argumento, y que toda atrevimiento pública debe poder justificarse racionalmente frente a la ciudadanía. Cuando el poder deja de justificarse y solo se impone, la rectitud se vacía de contenido.

Este es un momento que exige juristas deliberativos, no operadores sumisos; institucionalistas, no estrategas. Uno y otro comprenden que el derecho existe para circunscribir al poder y proteger a las personas, y con ello no solo honrarán sus trayectorias, sino que contribuirán a una democracia más reflexiva, menos impulsiva y más fiel a su promesa constitucional.

JPM