A continuación, cinco claves sobre este decreto, cuyo contenido aún se desconoce.

¿Qué es?

El de conmoción foráneo es uno de los cuatro estados de excepción contemplados en la ley venezolana que podrá ser decretado en caso de un conflicto que «ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones», según la Constitución.

La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción señala que el decreto «tendrá rango y fuerza de ley, entrará en vigencia una vez dictado por el presidente» y «deberá ser publicado en la Periódico Oficial», principal medio de difusión estatal.

Según la carta magna, en un estado de excepción «podrán ser restringidas temporalmente las garantías» constitucionales, excepto «las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al oportuno proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles».

¿Por qué?

Rodríguez denunció que el Gobierno de Donald Trump «amenaza» a la nación suramericana porque «necesita» sus grandes reservas energéticas y minerales «para esta nueva etapa» en la que EE.UU. «le declara la refriega al planeta firme».

En ese sentido, la vicepresidenta explicó que el decreto «da poderes» y «facultades especiales» al presidente de Estado «para hacer en materia de defensa y seguridad» en caso de que EE.UU. «se llegara a atrever a atacar» a Venezuela.

La igualmente ministra de Hidrocarburos afirmó que la medida sondeo proteger «la integridad territorial, la soberanía, la independencia y los intereses vitales y estratégicos» de Venezuela «frente a cualquier serio violación y atentado» que haya desde el foráneo.

¿Para qué?

Según la funcionaria, «se activaría de guisa inmediata» en caso de «cualquier tipo de atentado» y para, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada en todo el comarca, tomar militarmente y de guisa inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para respaldar su funcionamiento, y activar «todos los planes de seguridad ciudadana».

El presidente de Estado igualmente pudiera cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, por otra parte de «activar todo tipo de planes económicos, políticos y sociales» para «respaldar la vida doméstico», dijo Rodríguez, durante un altercado con representantes de distintos sectores y con el cuerpo diplomático.

La Constitución señala que el presidente «es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo», y que la manifiesto de estados de excepción «no modifica el principio de su responsabilidad» ni la del resto de las autoridades de su Gobierno.

¿Qué viene ahora?

Prudente informó que arrancó un proceso de consultas sobre el decreto de conmoción externa para «proteger» al país, que -aseguró- ha sido agredido económica, psicológica y políticamente.

De acuerdo con la carta magna, el decreto «será presentado, internamente de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Doméstico (Parlamento) o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Conciencia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad».

Si aceptablemente entra en vigor una vez dictado por el mandatario, el Poder Constitucional y el Sumarial tienen la potestad, en caso de que lo consideren, de frenar el decreto, según explicó a EFE la ONG Paso a la Conciencia.

¿Por cuánto tiempo?

El decreto «se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más», lo que deberá ser suficiente por la Asamblea Doméstico, actualmente controlada por el chavismo.

Según la Constitución, puede ser revocado por el Ejecutante o por el Parlamento «antiguamente del término señalado al cesar las causas que lo motivaron».

Paso a la Conciencia pidió este lunes que el Gobierno publique «de guisa inmediata» el decreto, al advertir que «implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es importante» que «la ciudadanía conozca su contenido».