San Salvador (EFE).- Unas 200 personas protestaron este domingo en la renta de El Salvador contra los «retrocesos democráticos» que atribuyen al Gobierno de Nayib Bukelecomo el «debilidad» de instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos, y los atropellos dados en el contexto del régimen de excepción.
La protesta, que se enmarcó en el 34 aniversario de la firma de los acuerdos que pusieron fin a una eliminación civil de 12 abriles (1980-1992)recorrió las principales calles de San Salvador entre reclamos por miles de despidos del sector manifiesto, la deuda de pensiones, la detención de personas sin nexos con pandillas y el supuesto debilidad de las instituciones.
«Hoy, a 34 abriles de esa firma de los Acuerdos de Paz, estamos enfrentando una profunda crisis de retrocesos democráticos en nuestro país, en donde las instituciones que fueron creadas ahora están cooptadas por el Ejecutor», dijo Sonia Urrutia, del Liga de Resistor y Rebeldía Popular.
Agregó que el país está por cumplir cuatro abriles bajo el régimen de excepción, aceptado por el Congreso a petición del Gobierno de Bukele tras una ascenso de asesinatos en marzo de 2022, en el que «no se cuenta con un conveniente proceso».
Denunció que todavía están «enfrentando la persecución a las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos».
“No puede activo paz con dignidad si no se respeta los derechos humanos, por lo cual como movimiento social exigimos el cese de ese régimen de excepción que tanto daño ha hecho a las familias más pobres de este país, como todavía exigimos respeto al conveniente proceso y garantías constitucionales”, subrayó.
Las detenciones en el régimen de excepción
Los manifestantes recorrieron varios kilómetros de la renta salvadoreña hasta obtener al Centro Histórico, donde gritaron consignas a confianza de las madres que defienden la inocencia de sus hijos detenidos, todavía lucieron camisas y portaron pancartas con mensajes en confianza del medio bullicio y por el cese de despidos.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. En tanto, la signo de personas detenidas que han muerto en custodia estatal han llegado a 470, según su registro.
El régimen de excepción, que deja más de 90.000 personas detenidas señaladas de pertenecer a pandillas, se aprobó tras el crimen de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida se ha convertido en la única postura del Gobierno contra las pandillas, lo que todavía le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene una reincorporación aprobación entre los salvadoreños.






