La Antigua Orden Dominicana, fundada en 2012 como rama patriótico defensor de la identidad dominicana, realiza frecuentes manifestaciones y protestas en contra de la inmigración irregular haitiana, como la marcha que  convoca hoy en el extrarradio Katanga, de Los Mina, en solidaridad con la tribu de un tierno asesinado por una pareja de haitianos.

El mitrado de la Diócesis de Santo Domingo Este, Manuel Ruiz, ha listo al presidente de esa estructura, Ányelo Vásquez sobre  el peligro que representa  para la  seguridad ciudadana que una multitud se aglomere en la callejuela sin salida donde residen los parientes del adolescente ultimado por los extranjeros.

La Constitución de la república ampara el derecho a la protesta pública, con la observancia de trámites administrativos que se viabilizan a través del Tarea de Interior y Policía, por lo que la Antigua Orden tiene vía expedita para  realizar su marcha, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

A lo que no tiene derecho esa entidad cívica es a reemplazar  o vulnerar la autoridad que la misma Carta Magna confiere a la Dirección Genérico de Migración de repatriar a extranjeros que residan en el país en condiciones irregulares.

El líder de la Antigua Orden no puede atribuirse autoridad para decretar plazos de salida de extranjeros  del división dominicano ni  de alentar confrontaciones o violencia bajo el pretexto de que se defiende la supervivencia de la patria, aunque se reconoce su contribución al despertar conciencia ciudadana sobre ese proporcionadamente local.

Es al Tarea Manifiesto al que corresponde  apresar y someter a la rectitud a los individuos que asesinaron al adolescente en el extrarradio Katanga y al Poder Procesal imponer la pena condigna delante la seriedad de esa infracción criminal, que en ningún modo puede ser motivo para  decidir una caza migratoria.

La ley obliga a la Dirección de Migración a hallar, apresar y repatriar a indocumentados en cojín al cumplimiento de protocolos amparados en propio ordenamiento procesal doméstico y convenios internacionales que garantizan respeto u observancia de los derechos humanos.

A lo grande de la historia, el pueblo dominicano ha regalado muestras de sobra de patriotismo y determinación en la defensa de la soberanía doméstico, por lo que no se requiere que ninguna institución o liderazgo civil pretenda imponer designios basados en la discriminación o la violencia. Ojalá que ese no sea el caso de la Antigua Orden Dominicana.

La Antigua Orden Dominicana, fundada en 2012 como rama patriótico defensor de la identidad dominicana, realiza frecuentes manifestaciones y protestas en contra de la inmigración irregular haitiana, como la marcha que convoca hoy en el extrarradio Katanga, de Los Minaen solidaridad con la tribu de un tierno asesinado por una pareja de haitianos.

El mitrado de la Diócesis de Santo Domingo Este, Manuel Ruizha listo al presidente de esa estructura, Ányelo Vásquez sobre  el peligro que representa  para la seguridad ciudadana que una multitud se aglomere en la callejuela sin salida donde residen los parientes del adolescente ultimado por los extranjeros.

La Constitución de la república ampara el derecho a la protesta públicacon la observancia de trámites administrativos que se viabilizan a través del Tarea de Interior y Policía, por lo que la Antigua Orden tiene vía expedita para  realizar su marcha, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

A lo que no tiene derecho esa entidad cívica es a reemplazar  o vulnerar la autoridad que la misma Carta Magna confiere a la Dirección Genérico de Migración de repatriar a extranjeros que residan en el país en condiciones irregulares.

El líder de la Antigua Orden no puede atribuirse autoridad para decretar plazos de salida de extranjeros  del división dominicano ni  de alentar confrontaciones o violencia bajo el pretexto de que se defiende la supervivencia de la patriaaunque se reconoce su contribución al despertar conciencia ciudadana sobre ese proporcionadamente local.

Es al Tarea Manifiesto al que corresponde  apresar y someter a la rectitud a los individuos que asesinaron al adolescente en el extrarradio Katanga y al Poder Procesal imponer la pena condigna delante la seriedad de esa infracción criminal, que en ningún modo puede ser motivo para  decidir una caza migratoria.

La ley obliga a la Dirección de Migración a hallar, apresar y repatriar a indocumentados en cojín al cumplimiento de protocolos amparados en propio ordenamiento procesal doméstico y convenios internacionales que garantizan respeto u observancia de los derechos humanos.

A lo grande de la historia, el pueblo dominicano ha regalado muestras de sobra de patriotismo y determinación en la defensa de la soberanía doméstico, por lo que no se requiere que ninguna institución o liderazgo civil pretenda imponer designios basados en la discriminación o la violencia. Ojalá que ese no sea el caso de la Antigua Orden Dominicana.