El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR PABLO VICENTE

Recientemente tuve la oportunidad de participar en el Seminario de Suspensión Nivel denominado “El fortalecimiento del sistema de protección social y la inclusión sindical en la República Dominicana: una prioridad estratégica para el incremento social inclusivo y sostenible”.

La verdad que el seminario fue un espacio de consejo convocado para analizar los avances y desafíos que enfrenta el país en materia de protección social.

Durante el aproximación, el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó dos grandes desafíos estructurales: el envejecimiento poblacional y la persistente informalidad sindical, factores que amenazan la sostenibilidad y la cobertura de los sistemas de seguridad social.

El envejecimiento de la población dominicana es una efectividad ineludible. De acuerdo con datos de la Oficina Doméstico de Estadística (ONE), más del 13% de los dominicanos tiene 60 abriles o más, y se estima que para el año 2050 este agrupación representará cerca de una cuarta parte de la población total. Este cambio demográfico, plantea nuevos retos para el Estado en materia de pensiones, salubridad y cuidados de prolongado plazo.

La protección social, concebida como el conjunto de políticas que buscan ceñir la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad a lo prolongado del ciclo de vida, debe adaptarse a este nuevo contexto.

Sin incautación, persisten brechas significativas: amplios sectores de la población permanecen fuera del sistema formal de cotización, adecuado a que más del 55% de los trabajadores se encuentran en condiciones de informalidad sindical, lo que limita su acercamiento a pensiones y beneficios sociales.

Doble desafío

El representante de la CEPAL subrayó que el vínculo entre envejecimiento e informalidad representa un doble desafío. Por un flanco, el envejecimiento incrementa la demanda de servicios y prestaciones sociales; por otro, la informalidad reduce las fuentes de financiamiento necesarias para sostener dichos servicios. Esta combinación puede comprometer la sostenibilidad del sistema y aumentar las brechas de desigualdad en el futuro.

Delante este panorama, urge vigorizar la articulación interinstitucional del sistema de protección social, ampliando su cobertura y asegurando su sostenibilidad financiera. Se requiere avanzar en dirección a políticas que promuevan la formalización sindical, incentiven la cotización y fortalezcan los programas dirigidos a las personas mayores, incluyendo servicios de salubridad especializados, cuidados integrales y oportunidades de décimo activa.

Asimismo, resulta necesario impulsar un nuevo pacto social intergeneracional, que garantice que el progreso financiero y social del país beneficie a todas las edades. La protección social no debe sujetarse a la protección, sino orientarse a la inclusión, la equidad y la dignidad humana.

En definitiva, la República Dominicana tiene en presencia de sí el desafío de restaurar y modernizar su sistema de protección social para contestar de guisa integral a los cambios demográficos y laborales.

Solo así se podrá avanzar en dirección a un maniquí de incremento verdaderamente inclusivo y sostenible, donde el envejecimiento sea conocido no como un problema, sino como una etapa de vida con derechos garantizados y oportunidades reales de bienestar.

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