El Tarea de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no opinaron  sobre la disposición de la cartera oficial de instalar cámaras de vigilancia en las escuelas públicas y la toma de huellas digitales a los estudiantes,  para predisponer y malquistar los actos  delincuenciales  en los planteles.

Luis Miguel De Camps, ministro de Educación y Eduardo Hidalgo Abreu, callaron sobre el tema, a pesar de la importancia de la medida y los ingentes esfuerzos de El Franquista para obtener su opinión.

La voz de miedo la dieron la semana pasada Robert Frías, presidente de la ADP en San Francisco de Macorís y Respetable Rafael Sánchez (Tito), de Salcedo.

Ministro de Educación y ADP guardan silencio delante la medida controversial de seguridad escolar

Entreambos aseguraron que esas medidas el uso de cámaras y registros biométricos en los planteles del Estado viola la integridad de los alumnos.

“Constituye  una error de respeto a la dignidad humana”, precisaron en el documento enviado a los medios de comunicación.

Frías y Sánchez consideraron que cualquier iniciativa que se implemente en los centros educativos “debe reponer no solo a criterios de eficiencia, sino asimismo al respeto por los derechos fundamentales de estudiantes, docentes y personal chupatintas”.

Agregaron que, en los últimos meses, han observado con preocupación la creciente tendencia de instalar sistemas de cámaras de vigilancia y mecanismos de control biométricos en planteles escolares y cámaras adentro de las aulas.

Indicaron que “aunque estos dispositivos se presentan como herramientas de seguridad o control chupatintas, se está extralimitando el uso de lo mismo en esta Regional 07”.

Denuncias de violencia y delitos preocupan en planteles, pero medidas proponen violaciones a derechos fundamentales

“La instalación de cámaras de videograbación en salones de clase constituye una violación al artículo 26 de la Ley 136-03, que protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a la imagen, la intimidad y la dignidad”, insistieron.

En los planteles públicos llueven las denuncias sobre estudiantes que van armados a las clases, acoso sexual, agresiones físicas, verbales, consumo y cesión de drogas y otros males, aproximadamente y adentro de los centros de enseñanza.