El vicepresidente ejecutor de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRE), Mario Pujolsmanifestó hoy su preocupación por la inclusión de una prohibición a la importación de tapas plásticas en las observaciones enviadas por el Poder Ejecutor al Senado sobre la Ley de Residuos Sólidos.

La medidasegún señaló, genera incertidumbre en sectores productivos estratégicos que dependen de estos insumos.

En ese sentido, el representante del hermandad advirtió que la propuesta amenaza con afectar directamente a industrias como alimentos y bebidas, farmacéutica y de licores, cuyos productos requieren tapas con especificaciones técnicas y de seguridad que no se fabrican en el país.

¿Qué acuerdos se violarían?

pujolsubrayó que la disposición podría entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en presencia de la Ordenamiento Mundial del Comercio (OMC), así como con los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos (DR-Cafta) y la Unión Europea.

Pujols recordó que la AIRE revisó detenidamente las observaciones remitidas por el Ejecutor el pasado 3 de noviembre y reconoció que el documento aclara varios puntos pendientes desde la aprobación de la ley en agosto.

Sin requisaenfatizó que la inclusión de la prohibición de importación no había sido discutida durante los 11 meses de seguimiento que el hermandad ha cedido al proceso constitucional, lo que aumenta la preocupación mi incertidumbre en el sector.

“La medida nos sorprendió porque en todo este tiempo nunca se había planteado una preocupación similar. Las tapas que se utilizan en el mercado no representan obstáculo alguno para el reciclaje de las botellas plásticas, por lo que no entendemos esta intrepidez”, afirmó.

Agregó: “Con esa inclusión se estarían violando acuerdos internacionales, por lo que creemos necesario pisar el freno y analizar las consecuencias ayer de aprobarla”, enfatizó.

Finalmente, el vicepresidente de la AIRE hizo un llamado a desobstruir un espacio de diálogo y consejo técnica entre el sector divulgado y privado, con el objetivo de asegurar que la implementación de la ley no afecte la competitividad ni la estabilidad del mecanismo productivo doméstico.