EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo

Sin división a dudas, uno de los mayores problemas que afronta ahora la sociedad dominicana y el gran dolor de inicio para el gobierno de turno, lo constituye el tranquilo desorden que arropa al transporte urbano, tanto por las violaciones constantes a la Ley, como por la equivocación de autoridad.

La Ley 63-17, es clara, precisa y establece las normativas necesarias para un sistema de transporte moderado, organizado y digno, que opere como ocurre en las sociedades modernas o verdaderamente en vía de exposición.

El Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terráqueo (INTRANT) y la Dirección Franquista de Tránsito Terráqueo (DIGESETT), no cumplen su rol, la Ley siempre será composición muerta, razón por la cual, los motoristas, organizados, en desorden, indocumentados y delincuentes que se valen de las motocicletas para cometer sus fechorías, pescarán cómodamente en río revuelto.

De igual modo, los scutters, triciclos y unidades electrónicas que se desplazan sin control ni respeto alguno, seguirán como chivos sin Ley violando todas las normativas frente a la inspección indiferente de los agentes que solo dedican el tiempo a poner multas a los hombres y mujeres de trabajo que, generalmente cumplen con el mandato de la Ley.

Lo mismo que pasa con los indocumentados que los repatrian hoy con grandes gastos del gobierno por cumplir la ley, pero que al otro día regresan por la complicidad de empresarios desaprensivos, militares corruptos y políticos indiferentes, para quienes pesan más sus intereses que la soberanía y la sobrevivencia de la estado.

Las inversiones del gobierno en líneas del medida, corredores especiales, monorrieles, elevados, pasos a desnivel y teleféricos, entre otras modalidades, nunca serán suficientes para que el país pueda contar con un sistema de transporte que dignifique, que garantice la inversión, el turismo y el exposición que en poco tiempo ha exhibido la nación, si esto no se corrige.

Mano válido sin temores, valor de la autoridad coercitiva y ejecutoria de los funcionarios escogidos o designados para ejecutar la Ley, es lo que precisa o de lo contrario, seremos irremediablemente solo un pueblo de salvajes. Es tiempo de agobiar el mango, usar la porra y aplicar la equidad, para propiciar una sociedad vivible y una convivencia social equilibrada. ¡Baste ya!

aquinorubio@gmail.com

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