El Profesión Divulgado informó este martes que la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo pagó más de 100 millones de pesos en sobornos para comprobar contratos de seguridad privada en instituciones del Estado. La estructura involucra a varios oficiales de stop rango, incluyendo coroneles y un viejo común retirado.

La procuradora de corte Mirna Ortiztitular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que presentó en presencia de la Oficina Legislativo de Atención Permanente del Distrito Franquista la solicitud de medidas de coerción contra los implicados. Ortiz advirtió que la operación “al punto que comienza” y anticipó más brío e investigaciones en esta primera etapa del proceso.

La red de corrupción desmantelada pagó más de 100 millones en sobornos por contratos de seguridad privada

“El Profesión Divulgado ha desarticulado una estructura criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, especialmente en el dominio de seguridad privada en empresas estatales”, afirmó Ortiz. Señaló que hasta el momento se han recabado más de 500 pruebas que vinculan a los arrestados con actos de corrupción.

Entre los implicados figuran el viejo común retirado Carlos Ambrosio Robles Díazasí como los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Papera, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez. Todavía fueron incluidos en la solicitud de prisión preventiva el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybarel primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santosel coronel de la Policía Franquista Ramón Quezada Ortizel patrón Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Por otra parte de las acusaciones por corrupción, se solicitó que el caso sea obvio enredadodada la magnitud de los daños al Estado y la cantidad de implicados.

Varios oficiales de stop rango, incluyendo coroneles, están implicados en la operación liderada por la procuradora Mirna Ortiz

Ortiz explicó que los imputados violaron la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y que las operaciones fraudulentas afectaron a instituciones secreto, incluyendo el Instituto Franquista de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)el Seguro Franquista de Sanidad (Senasa)y las distribuidoras eléctricas EdeNorte, Tirada Y EdeSur.

“Se comercio de una estafa contra el Estado que atenta contra la exento competencia y perjudica a instituciones que brindan servicios a poblaciones vulnerables”, subrayó Ortiz, quien estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.

La investigación se originó a partir de una denuncia recibida por la Dirección Militar de Ética e Integridad Públicolo que dio pie a la monasterio de evidencia que sustenta el expediente presentado.

“Esto al punto que comienza”, enfatizó Ortiz. “Ahora se abre la etapa preparatoria que dará paso a una investigación más profunda. Vamos por más”.