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El Pregonero, Santo Domingo.- La Procuraduría Universal de la República (PGR) ha tomado medidas frente a informaciones de que el patrón Antonio Espaillat López estaría realizando acciones para transferir capital a su nombre.
El entraña acusador habría interpretado esto como una táctica para evitar compensar a las cientos de víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.
La Dirección de Persecución del Profesión Manifiesto, que dirige Wilson Gómez, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación iniciada en relación con la tragedia de la discoteca Jet Set, en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
Entre estas diligencias, se interpusieron oposiciones a traspasos de capital que estaban en movimiento. Según el Profesión Manifiesto, esta es una medida para proteger los derechos de las víctimas, luego de que el pasado martes 8 de abril se desplomara por completo el techo de concreto de la discoteca mientras se celebraba una fiesta con el merenguero Rubby Pérez, quien incluso falleció en el circunstancia de los hechos.
“El Profesión Manifiesto ha ventilado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set”, comentó una fuente ligada a la investigación, señalando que las mismas diligencias se están realizando bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Indicó que esto tiene como fin evitar que los capital vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso sumarial.
Precisó que esto no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que, de guisa administrativa, se pueda poner un “detener” a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y capital vinculados a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en particular la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha patente públicamente estar a disposición de la probidad y con la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Profesión Manifiesto ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del nave y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
La Ley Orgánica del Profesión Manifiesto, 133-11, en su artículo 169, establece que es el entraña del sistema de probidad responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y ejerce la obra pública en representación de la sociedad.
En su párrafo 1, sostiene que, en el adiestramiento de sus funciones, el Profesión Manifiesto garantizará los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos, y defenderá el interés divulgado tutelado por la ley.
Mientras que en el párrafo II, señala que la ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Profesión Manifiesto y otro organismo que a tal huella se constituya.
Mientras que el artículo 170, sobre autonomía y principios de representación, aduce que el Profesión Manifiesto goza de autonomía práctico, administrativa y presupuestaria, y ejercerá sus funciones conforme a los principios de legitimidad, dispositivo de actuaciones, función, individualidad y responsabilidad.
Por Ramón Cruz | LD
