Santo Domingo.- La Dirección Genérico de Aduanas (DGA) es la primera institución pública que recibe a la procuradora universal de la República, Yeni Berenice Reynosopara la conferencia sobre el nuevo Código Penalen virtud de las recomendaciones impartidas por el presidente de la República, Luis Abinaderen un Consejo de Gobiernocon la finalidad de conocer las nuevas figuras establecidas en la nueva norma, tras su promulgación.

La magistrada Reynoso compartió algunas reflexiones sobre el Código Penal establecido por la Ley 74-25, y su incidencia en el entorno regulatorio aduanero, que supone un gran avance al sustituir una reglamento de 141 primaveras de decadencia (desde 1884), y moderniza la honestidad penal dominicana.

Igualmente destacó la importancia del rol que desempeña aduanas para el comercio, la seguridad y la defensa franquista.

“Para nuestro comercio, para nuestra seguridad, para nuestra defensa, las aduanas tienen una importancia de primer orden y altísima relevancia”, añadió Reynoso.

Además, enfatizó delante los servidores públicos presentes que: “Cuando un servidor notorio actúa, lo hace en beneficio de la colectividad, y cuando no lo hace correcto, perjudica a la colectividad”.

De su banda, el director universal de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, reiteró delante los colaboradores reunidos en el concurso y los presentes de modo potencial, el cumplimiento de las leyes, la defensa de la institucionalidad y la lucha exterior contra los ilícitos aduaneros.

Explicó que esta conferencia es un didáctico que ayudará aun más a predisponer y enseñar a los contribuyentes y a todos los que interactúan con el comercio dominicano a evitar cualquier tipo de contratiempos o cualquier tipo de inconductas, encima de enriquecer el debate en torno al nuevo Código Penal.

Entre las novedades del nuevo Código Penal se encuentran: el hecho de que, por primera vez, las empresas pueden ser procesadas penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.

Asimismo, el nuevo Código Penal refuerza las sanciones contra la corrupción y el cohecho, con penas que pueden alcanzar hasta 20 primaveras de prisión y plazos de prescripción ampliados a 30 primaveras, así como para cibercrimen y el comercio digital, persiguiendo la manipulación de datos electrónicos en operaciones aduaneras.

Además, exige una longevo coordinación interinstitucional entre la DGA, Servicio Sabido y las procuradurías especializadas en delitos financieros y aduaneros.