La Comisión Doméstico de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) puso a disposición de las instituciones del Estado la Piloto para la Prevención y Detección de Colusión, una utensilio que contribuirá a la identificación temprana de esta ejercicio anticompetitiva que deja considerables pérdidas al Estado.
“Esta timonel es el resultado de un trabajo colaborativo que refleja nuestro compromiso con la integridad del desembolso sabido y con la construcción de una civilización de cumplimiento, donde la ética, la transparencia y la competencia se conviertan en la norma, no en la excepción”, expresó la titular de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras.
El asesor en Comercio del Lado Interamericano de Incremento (BID), Mario Umañaafirmó que se estima unas pérdidas por colusión en las contrataciones públicas que representan entre 2 % y 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el mundolo que en el caso dominicano podría traducirse en unos 2,500 y 5,000 millones de dólares, una guarismo cercana al presente debe fiscal del país. Es por esto que interpretar delante esta conducta tiene un impacto significativo en las finanzas públicas.
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“Este tema le ofrece una oportunidad enorme a la República Dominicana y a todos los países de América Latina. La República Dominicana ha venido haciendo un esfuerzo enorme en los últimos abriles para disminuir su debe fiscal, pero si pudiéramos disminuir en poco esas pérdidas por colusión, podríamos disminuir casi a la parte el debe fiscal presente”, explicó Umaña.
Asimismo, el práctico sénior de la División de Competencia de la Estructura para la Cooperación y el Incremento Económicos (OCDE), Paulo Burnier, indicó que en América Latina las compras públicas representan en torno a del 25 % del desembolso sabido, por lo que cualquier distorsión en estos procesos tiene un impacto significativo en los fondos públicos y en la capacidad del Estado de implementar políticas públicas.
Sobre la Piloto
La presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia,
subrayó que las compras públicas representan una de las áreas más sensibles y estratégicas de la empresa del Estado y destacó que la Piloto para la Prevención y Detección de Colusión es un aporte significativo para fomentar la competencia en estos procesos.
La Piloto para la Prevención y Detección de Colusión contiene herramientas para identificar patrones de décimo entre los oferentes en los procesos, hacer prospección de precios, conductas sospechosas y otros aspectos que podrían alertar sobre posibles prácticas anticompetitivas que podrían afectar a otros competidores en el mercado.
“Esta timonel tiene un propósito muy claro: convertirse en el socio diario de cada funcionario que interviene en un proceso de compras públicas”, destacó el director de Promoción y Derecho de la Competencia, José Beltré Cuevas, al presentar el instructivo.
Avances
Vásquez Taveras destacó los avances del país en la prevención de prácticas como la colusión, resaltando la alianza entre ProCompetencia y la Dirección Genérico de Ética e Integridad Estatal (DIGEIG) para capacitar a servidores públicos en ética e integridad. Gracias a esta colaboración, más de 800 funcionarios han sido formados para detectar señales de prácticas anticompetitivas en las contrataciones públicas.
La directora jurídica de la DIGEIG, Delta Paniagua, subrayó que esta cooperación ha fortalecido la transparencia en las compras estatales y que la nueva timonel presentada servirá como utensilio permanente para promover la competencia y la décimo equitativa entre los proveedores.
Inicio de la Semana de la Competencia
La tercera Semana de la Competencia inició con la décimo de expertos nacionales e internacionales, quienes coincidieron en la exigencia de acorazar la capacidad de los países para organizar prácticas anticompetitivas en las compras públicas, por su impacto gafe en los posibles del Estado y el bienestar ciudadano.
Durante el panel “Transparencia, compras públicas y competencia: una sinergia necesaria”, los especialistas destacaron la importancia de la transparencia y de estrategias conjuntas para evitar conductas que distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública.





