La dirección ejecutiva de la Comisión Franquista de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) inició una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis Agroco y Credi Med, por presuntas prácticas anticompetitivas en el situación de tres procesos de oferta pública realizados por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

La resolución que da transigencia a la investigación indica que existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas, destacándose similitudes relevantes en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los distintos procesos de transacción, así como el uso del mismo protonotario conocido, a pesar de que ambas compañías están ubicadas en provincias diferentes.

Este patrón podría revelar una coordinación ilícita entre las empresas participantes con el objetivo de manipular las condiciones de competencia y obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos crudos.

“Estos indicios sugieren que ambas empresas habrían actuado como una pelotón de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a falsear la vacuo competencia en detrimento del interés conocido”, precisa el documento.

No obstante, la dirección ejecutiva de Pro-Competencia aclaró que la transigencia de esta investigación no implica prejuzgamiento ni constituye una presunción de culpabilidad, sino que se manejo de una etapa auténtico adentro del conveniente proceso lícito con el propósito de esclarecer los hechos y reunir pruebas que confirmen o descarten la existencia de una infracción.

Notificación y derecho de defensa

Ambas compañías fueron formalmente notificadas de la transigencia del expediente y cuentan con un plazo de 20 días hábiles para replicar y desempeñar su derecho de defensa, conforme al situación lícito actual.

Asimismo, fueron informados el Consejo Directivo de Pro-Competencia, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos del Estado, precisa la Dirección Ejecutiva.

Posible infracción a la ley

Las acciones investigadas podrían constituir una violación al artículo 5 de la Ley Militar de Defensa de la Competencia (No. 42-08), que prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública, incluyendo la fijación de precios o condiciones de modo concertada, lo cual conlleva una paquete que oscila entre multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario minúsculo, y máximas equivalentes a 3,000 veces el salario minúsculo.

Estas prácticas, de comprobarse, afectan directamente la eficiencia del compra conocido y vulneran los principios de equidad y transparencia que deben regir las compras del Estado, aclara el organismo.

Próximos pasos

La dirección ejecutiva de Pro-Competencia continuará recabando información, analizando documentación y realizando entrevistas para determinar si existió una conducta anticompetitiva sancionable conforme a la fuero doméstico. Este proceso reafirma el compromiso de la institución con la defensa de una competencia fidedigno, en beneficio de la ciudadanía y del uso adecuado de los capital públicos, concluye.