Santo Domingo, RD. – La Dirección Ejecutiva de la Comisión Franquista de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ordenó el inicio de una investigación de oficio por presunta colusión en compras públicas (artículo 5, exacto “b” de la Ley núm. 42-08, Normal de Defensa de la Competencia).

La investigación de ProCompetencia contra las empresas Indermérica, SRL; Paulino Moreta Cocina Industrial S.R.L.; y Andreina Ortiz Paulino se basamento supuestos indicios razonables de coordinación de ofertas y prácticas anticompetitivas en un proceso para el Software de Comida Escolar convocado por el Instituto Franquista de Bienestar Estudiantil (INABA).

La resolución No. RII-DE-AAC-005-2025 establece que durante el disección de la documentación de la subasta la Dirección Ejecutiva identificó múltiples coincidencias que refuerzan la hipótesis de una posible colusión entre los referidos agentes económicos, incluyendo vínculos societarios entre los oferentes, el uso compartido de los mismos números telefónicos en el registro mercantil y actuario, así como la producción de documentos claves como cartas de referencias bancarias con numeración consecutiva y en las mismas fechas.

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Adicionalmente, se identificaron similitudes en cuanto a la forma de redacción y ortografía en las informaciones agregadas a cada formulario con el mismo tipo y número de letrilla de los montos totales de las ofertas económicas, como asimismo el uso de la misma compañía fumigadora con los mismos programas de control de plagas, estos medios sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del proceso de contratación.

“De la documentación recabada de las ofertas presentadas por los agentes económicos e investigados, esta Dirección Ejecutiva ha identificado indicios que, valorados en conjunto, configuran un esquema de conducta sistemático, el cual requiere que los agentes económicos investigados no actuaron como competidores independientes, sino como agrupación coordinado que mantuvo una conducta específica durante el proceso de importación impresionado con el número INABIE-CCC-LPN-2023-0049”, precisa la resolución.

La Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia aclara que esta resolución no prejuzga la culpabilidad de las empresas, sino que habilita la escalón investigativa para contrastar los medios disponibles y avalar el derecho de defensa de los investigados, quienes se presumen inocentes hasta que una valor final y firme determine lo contrario.

Con este nuevo proceso suman cinco las investigaciones iniciadas este año por la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia, las cuales involucran a 16 agentes económicos.

Compromiso de la experiencia

La colusión es una experiencia anticompetitiva mediante la cual dos o más empresas, postoras u oferentes, arriban a un acuerdo entre sí para no competir en el situación de un procedimiento de contratación convocado por el Estado, la misma constituye una infracción difícil al ordenamiento que protege la libertado competencia en todos los mercados.

La Ley Normal de Defensa de la Competencia núm. 42-08 tipifica expresamente la colusión entre oferentes como experiencia anticompetitiva. El artículo 5, exacto “b”, incluye internamente de las prácticas concertadas prohibidas las conductas orientadas a “concertar o coordinar las ofertas o la privación en licitaciones, concursos y subastas públicas”, siendo sancionables mediante multas conforme al artículo 61 de la referida ley.

Estas prácticas anticompetitivas distorsionan el mercado, elevando artificialmente los precios y reduciendo la eficiencia y transparencia en la provisión de intereses y servicios, afectando directamente el bienestar de los ciudadanos, por consiguiente, acorazar los mecanismos de detección y legitimación de esta experiencia contribuye a promover un entorno más competitivo que incentive la billete de oferentes en igualdad de condiciones y asegure la integridad de los procesos licitatorios.