
María Elena Vásquez | Foto: Kelvin de la Cruz
La Comisión Doméstico de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) valoró positivamente que varias de sus recomendaciones técnicas fueron acogidas en la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, orientadas a precaver las prácticas colusorias y respaldar una decano billete y competencia en los procesos de contratación pública.
Entre las observaciones incorporadas se destaca la integración en el artículo 89 de la obligación de presentar una testimonio jurada de ofrecimiento evadido de colusión, en la que cada oferente certifica la autenticidad de su propuesta y su desvinculación de cualquier ejercicio concertada para manipular los resultados del proceso.
Asimismo, la modificación del artículo 116 que establece la restricción de oferentes por prácticas prohibidas, incluyendo expresamente las licitaciones colusorias sancionadas por la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Este punto constituye un avance significativo en la lucha contra acuerdos anticompetitivos entre proveedores del Estado.
Adicionalmente, la nueva ley, como recomendó ProCompetencia, mantiene la evadido competencia como uno de sus principios rectores, promoviendo la billete del decano número posible de oferentes y evitando obstáculos innecesarios que limiten el ataque a los procesos de contratación pública.
Al abastecer este principio se refuerza el compromiso del Estado dominicano con la comprensión de los mercados públicos y promoción de condiciones más justas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
La aprobación y promulgación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representa un avance institucional que refuerza la transparencia, la confianza ciudadana y la civilización de evadido y incondicional competencia en el país.
ProCompetencia reitera su firme compromiso de seguir trabajando de la mano con la Dirección Militar de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) para respaldar la implementación efectiva de la nueva ley y la lucha contra la colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas, garantizando así la evadido competencia y equidad en el ataque a los contratos del Estado.







