ProCompetencia hizo varias observaciones al plan del nuevo Código Penal, con la finalidad de que se reincorporen los delitos de consumo, que fueron omitidos en la propuesta que está actualmente en discusión en el Congreso Domésticoexplicó la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez.

“El Código Penal coetáneo, en los artículos 418 y 419, establece lo que son delitos de consumo y en el plan de ley que cursa en el Congreso Doméstico se obviaron esos consumos. Hemos incorporado esas observaciones”, indicó Vásquez.

Vásquez aseguró que ProCompetencia actúa tanto a partir de denuncias recibidas como de los estudios e informes de derecho que elabora con almohadilla en un monitoreo constante de los mercados.

Al balbucir en un software televisado, la funcionaria señaló que se han hecho varias observaciones al plan de ley de Compras y Contrataciones Públicas y que desde ProCompetencia se han realizado investigación comparativos con otras legislaciones, como la de Estados Unidos, donde las prácticas anticompetitivas tienen una connotación penal.

Por otra parte, indicó que todavía se realiza un seguimiento activo de los medios de comunicación y de las agendas legislativas, con el fin de identificar prácticas o normativas que puedan afectar la vacante competencia.

“Emitimos informes sobre los proyectos de ley que cursan en el Congreso Doméstico, con el objetivo de evitar que se generen distorsiones en el mercado o barreras injustificadas como resultado de esas normas”, expresó la funcionaria.

Explicó que la entidad incide de forma transversal en el incremento crematístico del país, al ser un organismo estatal cuya comisión es promover y defender la vacante competencia en los mercados de caudal y servicios.

“Es la institución que debe velar porque todos los agentes económicos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados de caudal y servicios, a través de dos funciones esenciales: la defensa de la competencia, que implica beneplácito, y la promoción y derecho de la competencia”, afirmó Vásquez.

Detalló que la promoción implica labores de capacitación y sensibilización, mientras que la derecho se realiza mediante informes dirigidos al Congreso Doméstico y a entidades reguladoras, basados en estudios de mercado con el objetivo de encomendar mejores prácticas, evitar barreras que distorsionen la competencia y evaluar condiciones que afecten los diferentes sectores.

Escuela para sancionar colusión

Vásquez afirmó que la institución tiene la capacidad administrativa sancionadora para representar delante prácticas de colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas, con el objetivo de proteger la competencia y evitar distorsiones en el mercado.

“ProCompetencia es quien tiene la capacidad administrativa sancionadora para sancionar la colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas”, precisó. Explicó que la colusión ocurre cuando dos o más oferentes se ponen de acuerdo para repartirse el mercado, afectando la transparencia y equidad del proceso.

Detalló que estas prácticas pueden presentarse de diversas maneras, como cuando un oferente presenta un precio muy suspensión y otro ofrece una propuesta más mengua, pero aún así superior al valía auténtico del producto en el mercado. “Asimismo se presentan todos al proceso y a última hora se retiran, quedando solo un oferente”, señaló.

Vásquez advirtió que en algunos casos puede existir coordinación con funcionarios públicos, lo que representa una solemne distorsión del mercado y un peligro para la dirección pública.

Modificación de ley

Anunció que la institución presentará un plan de ley para modificar su norma actual, con el objetivo de robustecer su capacidad sancionadora y alinearse con las mejores prácticas internacionales. Vásquez explicó que la propuesta contempla la inclusión de nuevos mecanismos como el control de fusiones y concentraciones empresariales, la imposición de multas más disuasorias para los infractores, la ampliación de los plazos de comportamiento, y la incorporación de sanciones para la competencia desleal.

“Uno de los aspectos esencia que contempla la modificación es el software de clemencia, el software de clemencia consiste en que, cuando varios agentes económicos se ponen de acuerdo y uno denuncia primero, puede cobrar una beneplácito último”, detalló. En cuanto a los monopolios y el atropello de posición dominante, Vásquez subrayó que ProCompetencia mantiene una observación constante sobre aquellas empresas que controlan productos sin competencia directa, para evitar prácticas abusivas.

Sanciones

Por otra parte, la titular de ProCompetencia destacó que la primera beneplácito por colusión en el país se impuso en un proceso de compras públicas para la adquisición de alimentos destinados a personas privadas de autogobierno.

En ese caso, se aplicaron multas equivalentes a 300 salarios mínimos y se inhabilitó a los responsables como proveedores del Estado.

Asimismo, resaltó que la longevo beneplácito impuesta por la institución fue contra la Cervecería Doméstico Dominicanapor atropello de posición dominante, con una multa de 3,000 salarios mínimos, equivalentes a RD$48 millones.

Somos el Tribunal de la Competencia Vásquez, afirmó que la entidad actúa como el “Tribunal de la Competencia” en República Dominicana, al tener facultades para sancionar prácticas anticompetitivas y promover mercados más justos y eficientes.

Explicó que realizaron un estudio sobre el mercado de las Administradoras de Riesgos de Vitalidad (Ars), revelando que tres entidades concentran el 70 % del mercado, lo que representa una concentración moderada.

Asimismo, señaló que el mecanismo coetáneo de asignación de afiliados genera distorsiones en el sistema.

Asimismo destacó que las ARS públicas cumplen una función precompetitiva al impulsar la concurrencia con las privadas y aseguró que su existencia es constitucionalmente válida.

Por otra parte, resaltó que ProCompetencia ha incorporado una perspectiva de índole en sus estudios, al evidenciar que en Centroamérica las mujeres enfrentan sobrecostos en productos solo por su condición de índole.