París, Francia.- La informalidad constituye uno de los principales obstáculos para la aplicación de la Ley núm. 42-08 sobre Defensa de la Competencia en la República Dominicana, donde cerca del 85,2 % de las micro, pequeñas y medianas empresas operan al beneficio de las regulaciones formalessegún la Averiguación Doméstico de las Mipymes 2022-2023 del Bandada Central (BCRD).
Así lo afirmó la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Doméstico de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taverasdurante su intervención en la mesa redonda “Aplicación de la fuero sobre competencia en los mercados informales”, celebrada en el Foro Integral sobre Competencia 2025, que tiene ocasión en París, Francia.
Vásquez Taveras explicó que la informalidad dificulta el seguimiento de las transacciones económicas, debilita el funcionamiento de los mercados y genera profundas desigualdades que impiden detectar y sancionar prácticas anticompetitivas. Agregó que, cuando empresas formales e informales coexisten en un mismo mercado, se produce una competencia desigual que limita el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales y regulatorias exigidas por el Estado.
Recordó que entre 2018 y 2023 ProCompetencia se vio obligada a cerrar o suspender 17 investigaciones conveniente a la yerro de información verificable o al carácter informal de los mercados analizados.
“Estos 17 casos evidencian cómo la informalidad afecta sectores críticos de la heredad dominicana y obstaculiza la aplicación de la fuero de competencia, impactando no solo la labranza investigativa de ProCompetencia, sino incluso la protección efectiva de los consumidores y de los agentes económicos que cumplen con la ley”, afirmó.
Igualmente señaló que la informalidad debilita la aptitud de la defensa de la competencia al impedir la realización de observación económicos por yerro de datos fiables; circunscribir la influencia de ProCompetencia en la elaboración de políticas públicas; dificultar la coordinación interinstitucional conveniente a la dispersión e incompletitud de la información; y crear distorsiones macroeconómicas que afectan la productividad, el crecimiento y la toma de decisiones públicas.
Frente a este decorado, adelantó que se trabaja en la creación del Observatorio de la Competencia y la Informalidad, una utensilio que permitirá centralizar datos, analizar el impacto de la informalidad en los mercados y apoyar la formulación de políticas públicas mediante protocolos que garanticen la confidencialidad y la trazabilidad de la información.
Asimismo, indicó que el tesina de reforma de la ley de competencia contempla la ampliación del régimen de sanciones a personas físicas, lo que permitirá perseguir prácticas anticompetitivas incluso cuando se cometan en el ámbito de la informalidad.
Vásquez Taveras compartió panel con Mahmud Momtaz, presidente de la Autoridad de Competencia de Egipto; Francis Kariuki, asesor sénior en política comercial y de competencia de Bowmans y exdirector de la Autoridad de Competencia de Kenia; Jorge Grunberg, fiscal de la Fiscalía Doméstico Económica (FNE) de Pimiento; Carolina Alessi, abogada experta en competencia de la OCDE; y Frédéric Jenny, presidente del foro.
SOBRE EL FORO
El Foro Integral sobre Competencia 2025 es organizado por la Ordenamiento para la Cooperación y el Crecimiento Económicos (OCDE) y reúne anualmente a altos funcionarios de más de 100 autoridades de competencia en todo el mundo. Este año, el interviú se centra en analizar los existencias de la inteligencia químico en la competencia, el comportamiento de los mercados informales y los desafíos del sector salubridad.







