Por Andrés Terrero

El debate sobre la ley de las llamadas “obras ejecutadas” ha despertado emociones comprensibles. Detrás de esta iniciativa hay ingenieros, contratistas y familias que aseguran ocurrir trabajado para el Estado dominicano sin tomar plazo durante abriles, incluso décadas. Desmentir esa sinceridad sería injusto y simplista.

Sin confiscación, explorar un problema no obliga a aceptar cualquier opción. El tesina permitido por el Congreso Doméstico pretende convertir en deuda pública, mediante una ley genérico, reclamaciones que en muchos casos carecen de contratos formales, auditorías técnicas y respaldo presupuestario. Ese enfoque, aunque adecuadamente intencionado, choca con principios básicos del Estado de derecho, como la derecho del compra, el control presupuestario y, sobre todo, la separación de poderes.

Este tesina, denominado “extraordinario”, fue permitido por la mayoría congresual del PRM y sus aliados, sin el respaldo de las bancadas de la examen. Surge de un preliminares presentado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), acompañado de listados de cientos de personas físicas y jurídicas que reclaman pagos por supuestas obras realizadas.

Son varios los aspectos desfavorables del tesina. Entre los principales se encuentran:

1. La violación de principios presupuestarios y fiscales, al ordenar pagos sin señal de provisión de fondos en el Presupuesto Genérico del Estado;
2. La incertidumbre sobre la supuesta “deuda”, ya que no se establece con claridad el monto total consolidado ni si dichas obligaciones son ciertas, líquidas y exigibles, requisitos indispensables para explorar pasivos del Estado;
3. La error de una demostración documental rigurosa previa, que permitiría validar adecuadamente la existencia y licitud de cada exigencia; y
4. Los riesgos evidentes para la sostenibilidad fiscal y la transparencia del compra manifiesto.

Por estas razones, la osadía del presidente Luis Abinader de observar la ley no debe interpretarse como una negativa a fertilizar, sino como una advertencia responsable: el Estado no puede ordenar pagos sin aprender con certeza qué se debe, a quién se debe y por qué monto. De igual forma, la posición asumida por los partidos de examen —Partido Fuerza del Pueblo y de la Independencia Dominicana— al no respaldar el tesina en las condiciones en que fue permitido, debe encontrarse como una postura responsable y no como politiquería ni examen a un eventual acto de conciencia social.

Aprobar una ley de este tipo abriría la puerta a abusos, desigualdades y a la moral de prácticas administrativas irregulares del pasado, especialmente anteriores a la promulgación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06.

Los riesgos de aprobar la ley tal como fue remitida al Poder Ejecutor son reales: imprudencia fiscal, error de control y demostración, debilidad de las reglas de contratación pública y un suspensión peligro de impugnación en presencia de el Tribunal Constitucional por violación a la Constitución. Pero, quizás el aspecto más delicado, es la afectación directa al principio de separación de poderes, ya que el Congreso no puede determinar deudas individualizadas, sustituir funciones administrativas ni convertirse en un entraña pagador del Estado. En ese punto, la observación del Poder Ejecutor resulta plenamente justificada.

El Congreso Doméstico tiene ahora la oportunidad de corregir el rumbo. La salida no debe ser el “todo o mínimo”, sino una opción institucional: una ley entorno que establezca un proceso técnico, con auditorías independientes, demostración individual de cada obra y pagos escalonados en el mediano y dilatado plazo, siempre conforme al Presupuesto Genérico del Estado y con fondos debidamente autorizados por el propio Congreso.

Es importante recapacitar que, conforme a la Constitución, una vez observada la ley por el Poder Ejecutor, el Congreso dispone de dos legislaturas ordinarias para atreverse si acoge o rechaza dichas observaciones. Si no se pronuncia en ese plazo, la ley entraría en vigor con las observaciones incorporadas automáticamente.

La verdadera alternativa no es entre fertilizar o no fertilizar, sino entre hacer conciencia con reglas o repetir errores que el país dice querer dejar antes. Resolver este tema correctamente puede tomar más tiempo, pero hacerlo mal nos costaría mucho más.

El autor fue presidente de la Cámara de Cuentas y es perito en prevención de lavado de activos y fraude.