En su discurso con ocasión del Día del Poder Contencioso el presidente de la Suprema Corte de Rectitud, magistrado Luis Henry Molina Peña, ha vuelto sobre la mora jurídico, uno de los grandes desafíos con los que ha lidiado desde que fue designado en 2019.

No ha sido el único, como lo demuestra en su discurso, en la que refirió la congestión en los tribunales pegado con el “retardo en las decisiones que afectan la vida de la clan y el progreso del país”.

Cuando deje del retardo, el presidente de la Suprema Corte de Rectitud alude a la mora jurídico, de la que puede decirse, en términos más o menos llanos, que es la incapacidad o imposibilidad de los tribunales de lanzarse en el tiempo previsto por la ley sobre los casos puestos en manos de los jueces.

La mora jurídico debe de estar presente todavía en el sistema jurídico dominicano, pero no un mal crónico, como el descrito por el magistrado Molina Peña con estas palabras: “Nueve de cada diez casos tardaban un año o más en resolverse y algunos llevaban pendientes desde 1982. Para fijar la primera audiencia podían transcurrir hasta cinco primaveras”.

¿Podía, en una situación como esta, hablarse de honestidad a tiempo en el país? Con deuda de este nivel, ¿era posible desde la más incorporación instancia del sistema jurídico reñir a un tribunal de cualquier nivel por incapacidad, imposibilidad o error de voluntad para fallar y lanzarse en los plazos previstos por la ley?
Delante las palabras del presidente de la Suprema Corte de Rectitud es preciso señalar que si la mora jurídico no era el único grava, sí entre tantos uno de los más demandantes de atención.

Hacer conciencia de la importancia de un sistema jurídico socialmente sensible, ágil, válido y con decisiones a tiempo, puede hacer mucho por una mejor nación.
Alentemos la proactividad.