Sed de procompetencia.

Santo Domingo, 11 jun.- La Comisión Doméstico de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) inició una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis y Credi Med por presuntas prácticas violatorias a la ley en el situación de tres procesos de concurso pública realizados por los Comedores Económicos del Estado.

La resolución que da transigencia a la investigación, dada a conocer este miércoles, indica que existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas, destacándose similitudes relevantes en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los distintos procesos de transacción.

Igualmente, en el uso del mismo protonotario sabido, a pesar de que ambas compañías están ubicadas en provincias diferentes.

Este patrón podría revelar una coordinación ilícita entre las empresas participantes con el objetivo de manipular las condiciones de competencia y obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos crudos, afirmó el organismo en una nota.

«Estos indicios sugieren que ambas empresas habrían actuado como una pelotón de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a falsear la suelto competencia en detrimento del interés sabido», precisó el organismo.

Las acciones investigadas podrían constituir una violación a la Ley Común de Defensa de la Competencia que prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública, incluyendo la fijación de precios o condiciones de guisa concertada, lo cual conlleva una penalidad que oscila entre multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario imperceptible, y máximas equivalentes a 3,000 veces el salario imperceptible.

Estas prácticas, de comprobarse, afectan directamente la eficiencia del desembolso sabido y vulneran los principios de equidad y transparencia que deben regir las compras del Estado, aclara el organismo.

No obstante, Pro-Competencia aclaró que la transigencia de esta investigación no implica ni constituye una presunción de culpabilidad, sino que se manejo de una etapa original interiormente del adecuado proceso permitido con el propósito de esclarecer los hechos y reunir pruebas que confirmen o descarten la existencia de una infracción.

Ambas compañías fueron formalmente notificadas de la transigencia del expediente y cuentan con un plazo de 20 días hábiles para reponer y cultivar su derecho de defensa, conforme al situación permitido.

Asimismo, fueron informados el Consejo Directivo de Pro-Competencia, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos del Estado.

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