El coalición del Partido Revolucionario Nuevo (PRM) en el Senado de la República recibió del presidente de esa estructura, José Ignacio Paliza, un tesina de ley que propone modificar varios artículos de la Ley núm. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la integridad del sistema de partidos, aumentar los mecanismos de control del financiamiento político y predisponer la infiltración de personas y medios vinculados a actividades ilícitas.

El tesina fue recibido por una comisión de la bancada oficialista encabezada por los senadores Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Moisés Ayala, vocero del PRM en la Cámara Adhesión. En el coincidencia todavía participó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Durante la reunión, De los Santos explicó que la propuesta legislativa será sometida al proceso establecido en el Reglamento del Senado, el cual contempla su remisión a la comisión correspondiente para ser estudiada, analizada y consensuada con entidades y personalidades interesadas en presentar aportes, opiniones y sugerencias.

“En esa comisión todos los aportes serán tomados en cuenta, porque es un espacio demócrata y descubierto a la ciudadanía”, expresó el presidente del Senado.

De su flanco, José Ignacio Paliza sostuvo que la propuesta investigación establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo adentro de las organizaciones partidarias, al considerar que la política debe replicar con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.

“Hemos trillado cómo personas vinculadas a la actividad política han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una ingenuidad incómoda. Pero la democracia no se fortalece negando la ingenuidad, sino enfrentándola”, expresó el dirigente político.

El tesina introduce mecanismos orientados a reforzar los controles internos de los partidos, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento normativo para predisponer el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas.

Asimismo, establece procedimientos de debida diligencia y comprobación del origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas, con mecanismos de trazabilidad que permitan identificar a los aportantes y predisponer el uso de medios provenientes de actividades ilícitas.

Entre las disposiciones propuestas se incluyen nuevos requisitos de integridad para los aspirantes a candidaturas, como la presentación de certificaciones de informes penales, confesión jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para la comprobación de la información presentada en presencia de las autoridades partidarias.

La iniciativa todavía fortalece las facultades de supervisión de la Juntura Central Electoral sobre el financiamiento de los partidos y establece un régimen de consecuencias en casos de incumplimiento de las normas relacionadas con la transparencia y el control de los medios en la actividad política.