EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El flamante escándalo de corrupción detectado en el Seguro Franquista de Salubridad (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los medios que manejan.

Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.

Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia inclinación alrededor de la depredación de los medios públicos, dando circunscripción, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.

Sin secuestro, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala auge contra los políticos. Podemos afirmar, de guisa categórica, que los políticos profesionales no roban.

Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos encadenar el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es sostener, el procesamiento contencioso del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 abriles de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.

Jorge Blanco, que ayer de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.

Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ningún de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nulo tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.

En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la jurisprudencia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ocupación Conocido—vinculan en primer plano a personeros vinculados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Permiso Dominicana.

Y en el más flamante que ocupa la atención del país, es sostener, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.

En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido razonable y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del hacienda. Ahí está la historia.

Nelsonencar10@gmail.com

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