El Asesor Forense del Poder Ejecutante, Antoliano Peralta Romero, reveló que en la tenebrosidad de ayer el presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 396-25, mediante el cual se aprobó el Reglamento de aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Este reglamento, cuyo proyecto fue esmerado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Expansión Regional del Empleo de Finanzas y sometido oportunamente a presencia pública, fue encima socializado y discutido en un proceso liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutante.
En este participaron importantes instituciones del gobierno, como los ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones; representantes de asociaciones vinculadas a temas municipales, así como sectores del ámbito empresarial que serían impactados por esta norma.
Entre los aportes significativos que ofrece este reglamento, se destacan la trabajo de los gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial que permitirán una papeleo mas competente del uso de suelo de las demarcaciones municipales, al apremiar a las oficinas municipales de planeamiento urbano, otorgar la autorización para desarrollar proyectos de infraestructura compatibles con la naturaleza de los tipos de suelo de cada municipio.
Asimismo, en los espacios con disposición para el progreso de proyectos turísticos, se requerirá la aprobación tanto del permiso de uso de suelo del gobierno circunscrito, como además la certificación de no pega del Empleo de Turismo para la viabilidad del esquema en cuestión.
Igualmente, se establece en el reglamento que el Empleo de Hacienda y Finanzas será la autoridad competente para certificar cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos del párrafo I del artículo 24 de la referida Ley núm. 368-22, para la papeleo del uso de suelo en su respectiva demarcación territorial.
Tanto la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, como su reglamento de aplicación, son iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, que buscan mediante la planificación estratégica y papeleo participativa del uso de suelo, propiciar el progreso integral y controlado de los municipios concorde con las potencialidades, expectativas y aspiraciones de sus respectivaspoblaciones, que le garanticen las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida.






