El trabajo que se lleva a lengua en el país en pro de respaldar la competencia de los agentes económicos en el mercado ha mostrado avances importantes, pero para conservarse más allá en beneficio del país y los consumidores la flagrante gobierno de la Comisión Franquista de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentará una modificación a la Ley 42-08, sobre Defensa de la Competencia.

De acuerdo con la presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, María Elena Vásquez Taveras, en el país hay avances, se ha llegado a muchos sectores, “pero todavía equivocación mucho”. Reveló que la institución presentará un tesina de modificación de la Ley 42-08 para poder imponer sanciones ejemplarizantes en la competencia desleal, que es un clamor de sectores empresariales.

Actualmente, la referida carta penaliza a los infractores con salarios mínimos, pero en el tesina se plantea que las multas sean a partir del cuerpo de negocios del año fiscal previo.

Asimismo, poner control a las concentraciones, ya que en la región, República Dominicana es el único país que no tiene control de concentraciones de mercado.

La carta actual presenta varias debilidades: Error de un mecanismo de control previo del impacto de las concentraciones económicas en la evadido competencia, limitaciones en las sanciones y procedimientos, insuficiente coordinación interinstitucional, carencias en bienes humanos y financieros y equivocación de una civilización de competencia.

Explicó que las empresas antaño de fusionarse deberían acaecer por Procompetencia para que no se creen monopolios o abusos, para evitar abusos de posición dominante.

Ese tipo de situación puede afectar internamente dándose en el interior o fuera, como es el caso de las fusiones de aerolíneas extranjeras que de haberse regalado se habrían puesto de acuerdo con los precios de los pasajes y habrían creado un monopolio.

En la modificación de la ley de Defensa de la Competencia asimismo considera importante la incorporación de los temas de clemencia, “para detectar carteles y colusión”, ya que con esta utensilio se incentivan las denuncias de prácticas anticompetitivas, como los carteles. Otro tema será la revisión de los plazos de caducidad y la prescripción en la probidad penal, porque ahora la prescripción es de solo un año. Y, los mercados digitales, para determinar el mercado relevante, donde uno de los parámetros es el precio y la mayoría de las plataformas digitales son gratuitas.

La funcionaria explicó, al participar en el Desayuno de Listín Diario, que este año se han realizado dos talleres para entregar la comprensión de la entidad y la importancia que revisten los temas de competencia en la peculio a comunicadores y periodistas, jueces del Poder Sumarial y asimismo con oficiales de ética e integridad gubernativo y directores de compras, para contribuir con la formación de actores secreto. La meta, dijo, es conservarse a 1,000 servidores públicos este año y que desde abril pasado a la plazo ya se han formado 800.

Sostuvo que la idea es que los oficiales de ética e integridad gubernativo se conviertan en veedores, dada la importancia de las compras públicas, ya que representan el 18% del producto interno bruto (PIB) del país. “Cuando se vulneran, el Estado termina comprando más caro y de pequeño calidad”, indicó.

Según la funcionaria, el año pasado se aplicó la primera punición por colusión. Actualmente hay cuatro investigaciones abiertas, una de ellas en el Instituto Franquista de Bienestar Estudiantil (Inabie); dos en los comedores económicos y otra en el mercado de oxígeno medicinal y por eso dijo: el enfoque tiene un doble propósito. Lo primero es con la formación de actores secreto, ya que “en los pliegos de condiciones es donde se bate el cobre”, y para que se cumpla con el objetivo de la evadido competencia; y el segundo, la defensa de la competencia, para identificar alertas colusorias.

La presidenta de Procompetencia participó en el Desayuno de Listín en compañía de José Beltré, director de promoción y derecho de la competencia; Liverca Gómez, encargada del sección de estudios económicos y de mercado; José Miguel García, encargado del Unidad de comunicación; Jorge Espinosa, encargado de medios, Jacqueline Genao, coordinadora del despacho y Lilian Tejeda, periodista de la entidad.

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El artículo 61 de la Ley 42-08 establece como punición multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario exiguo, y un mayor de 3,000 veces el salario exiguo; otras son de 200 veces el salario exiguo y un mayor de 3,000 veces; de 30 veces el salario exiguo y un mayor de 3,000 veces. La proporción de información falsa a la comisión, la multa es de 50 veces el salario exiguo y un mayor de 200 veces, dependiendo de la equivocación.