María Elena Vásquez Taveras, chair of the Board of Directors of Procompetencia; Miguel Franjul, director of Listín Diario; Cándida Acosta, editor of Riqueza & Negocios, and staff of the organization. Listín Diario

El trabajo realizado en el país para fijar la competencia entre los agentes económicos en el mercado ha mostrado avances significativos. Aún así, para ir más allá en interés del país y de los consumidores, la presente dependencia de la Comisión Doméstico de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentará una modificación a la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia.

Según la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, en el país se ha innovador y se ha llegado a muchos sectores, “pero aún desidia mucho camino por recorrer”. Reveló que la institución presentará un tesina de reforma a la Ley 42-08 para imponer sanciones ejemplares a la competencia desleal, demanda de los sectores empresariales.

Actualmente, la carta mencionada penaliza a los infractores con salarios mínimos, pero el tesina de ley propone que las multas se basen en la facturación del año fiscal precedente.

Además propone controlar las concentraciones, ya que República Dominicana es el único país de la región que no impide las concentraciones de mercado.

La carta presente tiene varias debilidades: desidia de un mecanismo de control previo del impacto de las concentraciones económicas sobre la rescatado competencia; limitaciones de sanciones y procedimientos; insuficiente coordinación interinstitucional; desidia de fortuna humanos y financieros; y la desidia de una civilización de competencia.

Explicó que antaño de fusionarse las empresas deben ocurrir por Procompetencia para evitar la creación de monopolios o abusos de posición dominante.

Este tipo de situaciones pueden tener un impacto interno, ya sea interiormente o fuera del país, como en el caso de las fusiones de líneas aéreas extranjeras, que, de haberse producido, habrían llevado a un acuerdo sobre los precios de los pasajes y habrían creado un monopolio.

En la modificación de la Ley de Competencia igualmente considera fundamental incorporar las cuestiones de clemencia, “para detectar cárteles y colusiones”, ya que esta utensilio incentiva la denuncia de prácticas anticompetitivas, como los cárteles. Otro tema será la revisión de las fechas de caducidad y prescripción en la rectitud penal, porque actualmente la prescripción es de sólo un año. Y los mercados digitales, donde un parámetro es el precio y la mayoría de las plataformas digitales son gratuitas.

El funcionario explicó, al participar en el Desayuno Listín Diario, que este año se han realizado dos talleres para suministrar el conocimiento de la entidad y la importancia de los temas de competencia en la hacienda a comunicadores y periodistas, jueces del Poder Procesal, así como a funcionarios de ética e integridad del Gobierno y directores de compras, para contribuir a la capacitación de actores secreto. La meta, dijo, es lograr a 1.000 servidores públicos este año, y desde abril pasado ya han sido capacitados 800.

Dijo que la idea es que los funcionarios de ética e integridad del Gobierno se conviertan en veedores, dada la importancia de las compras públicas, que representan el 18% del producto interno bruto (PIB) del país. “Cuando se violan, el Estado termina comprando intereses más caros y de pequeño calidad”, afirmó.

Según el funcionario, la primera puro por colusión se aplicó el año pasado. Actualmente hay cuatro investigaciones abiertas: una en el Instituto Doméstico de Bienestar Estudiantil (Inabie), dos en los comedores económicos y otra en el mercado de oxígeno medicinal. Por eso dijo: “El enfoque tiene un doble propósito”. El primero es la capacitación de los actores secreto, ya que “las especificaciones son donde el caucho se encuentra con el camino”, y asegurar que se cumpla el objetivo de la rescatado competencia. El segundo es la defensa de la competencia, para identificar alertas de colusión.

Del Desayuno Listín participó el presidente de Procompetencia, acompañado de José Beltré, director de promoción y defensa de la competencia; Liverca Gómez, jefa del sección de estudios económicos y de mercado; José Miguel García, principal del sección de comunicación; Jorge Espinosa, principal de medios; Jacqueline Genao, coordinadora de oficina; y Lilian Tejeda, periodista de la entidad.

Más información

El artículo 61 de la Ley 42-08 establece multas mínimas equivalentes a 30 salarios mínimos, con un mayor de 3.000 salarios mínimos; otros son 200 salarios mínimos, con un mayor de 3.000 salarios; y 30 salarios mínimos, con un mayor de 3.000 salarios. Por proporcionar información falsa a la comisión, la multa es de 50 salarios mínimos, hasta 200 veces, según el delito.