Santo Domingo.- El árbitro del Primer Curia de la Instrucción del Distrito Franquista, Raymundo Mejíafue agente de una nueva querella en el caso Jet Set. La batalla reglamentario está dirigida contra Grecia López, mama de Antonio Espaillat, por un monto de RD$50 millones.
López figura en el registro mercantil como representante de la Sociedad Comercial E y Lentidad encargada de la operación del establecimiento noctívago. Los querellantes son Patricia Elizabeth Paola Ulloa, Valerie Patricia, Osiris Arturo y Osiris Armando Blanc Paola, esposa e hijos de Ramón Osiris Blanc Castillo, quien murió durante el desplome del techosegún reportan medios nacionales. Hasta ahora, no se conoce otra querella contra la mama de Espaillat.
Uno de los abogados de otros querellantes, Yan Carlos Martínez, explicó que en este caso existen implicaciones de “homicidio voluntario con el dolo eventual como factor constitutivo principal (artículo 295 del Código Penal)”.
A principios de noviembre, el Empleo Manifiesto presentó imputación formal y requerimiento de transigencia a razón en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de este 2025.
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En la instancia, depositada en presencia de la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Franquista, el Empleo Manifiesto está representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección Universal de Persecución del Empleo Manifiesto; la fiscal titular del Distrito Franquista, Rosalba Ramos.
Igualmente, por el procurador de corte Héctor García, los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, y los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
El Empleo Manifiesto establece que, en sus acciones, como responsables de la operación del regional de diversión que operaba en la avenida Independencia, del Distrito Franquista, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.








