Los periodistas Marino Zapete, Edith Files, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron distintas querellas penales en presencia de la fiscalía del Distrito Franquista, contra cuatro comunicadores, por difamación e injuria en medios digitales.

Los querellantes acusan a Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Todopoderoso de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, de incurrir en la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.

Las acciones judiciales, algunas presentadas de forma individual y otras colectivas, han sido interpuestas con almohadilla a la violación a los límites que los derechos al buen nombre y al honor que fijan a la excarcelación de prensa y de expresión, de conformidad con la Constitución y la derecho del Tribunal Constitucional.

Puede descubrir: Copadeba cita comida cara, desalojos forzosos

Los querellantes, asistidos por sus representantes legales, aseguran que esas acciones no buscan jalonar el debate notorio ni restringir la crítica, sino, proteger a la ciudadanía frente al uso injusto de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.

De acuerdo a la reproche presentada en presencia de las autoridades correspondientes, las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez, han traspasado los límites del control cierto de la excarcelación de expresión, para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves.

En un documento de prensa, los querellantes argumentan que, aunque cada querella alega a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: purificar el espacio notorio, promover un debate respetuoso y aportar a una civilización democrática donde las diferencias se aborden con argumentos y pruebas, no con agravios.

Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. “No puede confundirse la excarcelación con la impunidad”, expresaron. Hicieron un llamado a la convivencia democrática, respeto mutuo y uso responsable de las libertades públicas, como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.