En la República Dominicana, el discurso oficial sostiene que la Policía Franquista protege la vida, la honra y los acervo de los ciudadanos. Sin bloqueo, las cifras de muertos en supuestos intercambios de disparos revelan una existencia dolorosa: en los últimos cinco primaveras, casi 800 personas han perdido la vida a manos de la Policía o de fuerzas de seguridad del Estado. Cada número encierra un rostro, una clan, un infructifero.

El repunte es preocupante. De acuerdo con los anuarios de muertes accidentales y violentas de la Oficina Franquista de Estadística (ONE), la cantidad de personas fallecidas por “argumento policial o marcial” muestra una tendencia subido desde 2021: 2021: 77 muertes; 2022: 139 muertes; 2023: 178 muertes; 2024: 227 muertes; 2025 (enero-septiembre): 170 muertes (−25 % vs. 2024, pero 18 más que en el mismo período del año susodicho).

En escasamente cuatro primaveras, los fallecidos se triplicaron, pasando de 77 en 2021 a 227 en 2024. Detrás de estos números se esconde una verdad incómoda: la violencia policial no es un hecho arrinconado, sino un patrón que se repite.

Según el desglose de la ONE, las provincias más golpeadas por estas acciones —de acuerdo con el anuario 2022— son Santo Domingo, Distrito Franquista, Santiago, Espaillat y Duarte. Es afirmar, los principales polos urbanos concentran la decano cantidad de ejecuciones, allí donde más visible debería ser el respeto a la justicia.

Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Franquista de Defensa Pública, expresó que “el Estado tiene la responsabilidad de respaldar los derechos fundamentales, especialmente el cumplimiento del artículo 37, que reconoce la inviolabilidad de la vida. Asimismo, el artículo 69 asegura el correcto proceso y el derecho a la defensa. Estos derechos se refuerzan en tratados como la Convención Chaqueta sobre Derechos Humanos (arts. 4 y 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 6 y 14)”.

Cuando agentes del orden matan a un ciudadano y lo justifican como un “intercambio de disparos” sin una investigación imparcial, no solo se viola la presunción de inocencia, sino que el Estado incurre en responsabilidad internacional. La derecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), establece que los Estados deben avisar, investigar y sancionar toda ejecución extrajudicial. La impunidad equivale a otorgar deshonestidad para matar.

Valentín Santos reconoció que en el interior de la Policía Franquista existen hombres y mujeres que trabajan con honor, entrega e integridad. “Pero incluso es cierto que las llamadas ‘manzanas podridas’ no son simples excepciones: reflejan un problema estructural de formación, títulos y control interno. Por eso cerca de la pregunta: ¿reforma o simulacro por parte de la PN?”.

En septiembre de 2025, el homicidio de cinco jóvenes en Santiago estremeció a la opinión pública. La presión social provocó una reacción inmediata: suspensión de los agentes involucrados y comprensión de investigaciones por parte de la Procuraduría Genérico de la República. Sin bloqueo, Valentín Santos advirtió: “La pregunta persiste: ¿cuántos otros casos no llegan a los titulares, ni a los tribunales?”.

El director enfatizó que “la visión concreta debe ser en torno a una política pública de dignidad. Las autoridades no deben amoldarse a apagar incendios cada vez que un caso se viraliza. Urge una política integral que: 1) investigue de forma independiente cada asesinato atribuida a agentes por uso desmesurado de la fuerza; 2) fortalezca la formación en derechos humanos, trámite de conflictos y uso proporcional de la fuerza; 3) implemente sistemas de control civil y transparencia en las estadísticas; y 4) promueva títulos de empatía y humanidad, recordando que portar un uniforme no autoriza a disponer de la vida ajena”.

Valentín Santos añadió: “El Estado de derecho no se mide por discursos, sino por cómo negociación a sus ciudadanos más vulnerables. Cuando un verde cae bajo las balas de quienes debieron protegerlo, se erosiona la confianza en la ecuanimidad, se debilita la democracia y se alimenta la desesperanza”.

El director de la Defensa Pública subrayó: “Este no es un asunto de antisociales ni de ‘desinfección social’. Es un asunto de dignidad humana. Como sociedad, no debemos habituar la violencia ni testimoniar las muertes extrajudiciales. Hoy fueron ellos; mañana puede ser cualquiera que ausencia tenga que ver con actos delictivos, como ya ha sucedido en casos anteriores”.

Finalmente, Valentín Santos expresó que “la voz que se levanta desde la Oficina Franquista de Defensa Pública no es de confrontación, sino de auxilio: que la Policía Franquista no desacredite el Estado de derecho, que no invisibilice los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos. Que no quede como la respuesta que un padre le dio a su hijo cuando le preguntó: ‘Papá, si los policías matan a todos los delincuentes, ¿quiénes quedarán vivos?’. El padre respondió: ‘los asesinos’ ”.

La Policía Franquista está en la obligación de cumplir con la encomienda establecida en el artículo 5.1 de su Ley Orgánica (Ley 590-16): “…tiene por encomienda proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas”. Por lo tanto —concluyó el director— “debe procurar ser más humana, empática y formada en principios y títulos. Que el Estado asuma su responsabilidad y que la vida vuelva a ser inviolable, sin excusas ni excepciones”.