El abogado Félix Portes aseguró este domingo que un total de 33 personas, que son sus clientes y que son víctimas de la tragedia del jet-set, hasta el momento no han recibido el subsidio de RD$30,000 que el Gobierno destinó para ayudar a los involucrados.
En ese sentido, el culto consideró que el presidente de la República debería realizar una auditoría y un motín para determinar cerca de dónde se han dirigido estas ayudas.
“El presidente @luisabinader debe ordenar una auditoría y un motín completo sobre el software de “ayuda” destinado a los afectados. Tengo 33 personas afectadas identificadas (clientes) y ninguna ha recibido ayuda”, sostuvo el abogado.
Sin secuestro, en junio del 2025, el director del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Honorable de los Santos, dijo que en ese momento se ´habían evaluado 149 hogares, entre familiares de fallecidos y sobrevivientes. De estos, 91 estaban en proceso de plazo y 59 se encontraban en evaluación.
A través de su cuenta de X, Portes indicó que en caso de que se identifique que alguna persona se está beneficiando de estos fortuna debe ser sometido a la ecuanimidad.
“Estos son fondos públicos, y su manejo debe ser transparente y verificable. Si en esa investigación se determina que algún se ha presbítero o enriquecido ilegalmente aprovechándose de esta desgracia, entonces debe ser sometido a la ecuanimidad”, finalizó el post.

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Sobre el subsidio a las víctimas del Jet Set
Esta ayuda se canaliza mediante el Bono de Emergenciaque consiste en una transferencia mensual de 30 mil pesos por hogar durante seis meses.
Para activarlo, los técnicos de Siuben aplican la Ficha Básica de Emergencia (FIBE)una útil que permite conocer las condiciones de los hogares y el nivel de afectación.
Se detalló que fueron identificados 174 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de abandono o en pérdida parental de uno o entreambos padres. Para atender esta existencia, el el Consejo Doméstico para la Inicio y la Adolescencia (Conan) ha implementado planes individuales de intervención.
Estos planes cubren los aspectos sociofamiliares, psicológicos, educativos, legales y de vigor, incluyendo la atención a las situaciones de discapacidad de al menos ocho menores de época.








